En esta línea justificó que «la citada ley tuvo en consideración que, a los fines de una mayor eficiencia económica, resulta necesario efectuar una profunda readecuación de las asignaciones presupuestarias, adaptando los programas y proyectos a la realidad económica y financiera existente y a las urgentes necesidades y prioridades», en el marco de que «se declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética, entre otras«.
Por consiguiente, en «el contexto actual resulta indispensable optimizar los recursos asignados a la política industrial y priorizar la planificación de nuevas estrategias que permitan sostener la competitividad de los sectores productivos y fortalecer la radicación de inversiones«.
«Resulta conveniente eliminar el Programa Nacional para el Desarrollo de los Parques Industriales y derogar los Decretos Nros. 915/10 y 716/20. Que ha tomado intervención el servicio de asesoramiento jurídico competente», finalizó.
