Polémica por decreto que clasifica a personas con discapacidad con términos discriminatorios

Last Updated: 27 de febrero de 2025By

El gobierno de Javier Milei, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), ha generado controversia al restablecer términos como «idiota», «imbécil» y «débil mental» en la clasificación de personas con discapacidad, según una resolución publicada en el Boletín Oficial. La medida ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos, que la consideran un retroceso y una violación de acuerdos internacionales.

 

La resolución 187 de la ANDis, publicada el 14 de enero, ha revivido la polémica sobre los criterios para otorgar asignaciones estatales a personas con discapacidad. Si bien la agencia argumenta que busca evitar fraudes en las pensiones por invalidez, las organizaciones especializadas denuncian que la medida ignora la legislación vigente, retrocede en materia de derechos humanos y avala la discriminación.

Uno de los puntos más controvertidos es el anexo de la resolución, que incluye términos como «idiota», «imbécil» y «débil mental» para describir «retardos mentales». La clasificación establece que «idiota» corresponde a las edades de 0 a 30 años, «imbécil» de 30 a 50, «débil mental profundo» de 50 a 60, «débil mental moderado» de 60 a 70 y «débil mental leve» de 70 a 90.

Además de la terminología discriminatoria, la resolución también modifica los criterios médicos para evaluar la discapacidad. Ahora, los beneficiarios deberán acreditar una «invalidez laboral» del 66%, en lugar del 76% establecido anteriormente.

Las críticas no se han hecho esperar. Organizaciones como el Comité por los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) han expresado su «profunda preocupación» y han exigido la derogación de la resolución. La Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias (RIADIS) también ha manifestado su rechazo a la medida, calificándola de «inadmisible».

El gobierno, por su parte, ha defendido la resolución, argumentando que es necesaria para garantizar la transparencia y la equidad en el otorgamiento de las pensiones por invalidez. Sin embargo, las críticas persisten y la polémica continúa creciendo.

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