Tras el colapso de las telecomunicaciones durante la tormenta de marzo de 2024, el bloque de La Libertad Avanza presenta un proyecto de ordenanza para crear un «Plan de Resiliencia en Telecomunicaciones» en Bahía Blanca. La iniciativa busca asegurar la continuidad de los servicios de telefonía fija, móvil e internet ante catástrofes y emergencias, obligando a las empresas a contar con autonomía energética y conectividad redundante.

El bloque de concejales de La Libertad Avanza en Bahía Blanca ha presentado un proyecto de ordenanza con el objetivo de establecer un «Plan de Resiliencia en Telecomunicaciones» en el ámbito del partido. La iniciativa surge como respuesta al crítico colapso de los servicios de telefonía fija, móvil e internet que sufrió la ciudad durante la severa tormenta del 7 de marzo de 2024, dejando a la población incomunicada en un momento de gran necesidad.

El proyecto de ordenanza, impulsado por el concejal Carlos Walter Alonso, busca garantizar el funcionamiento continuo y autónomo de estos servicios esenciales ante catástrofes naturales, emergencias climáticas u otras situaciones extraordinarias. La normativa propuesta será de aplicación obligatoria para todas las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones con infraestructura operativa en Bahía Blanca.

Entre los puntos centrales del «Plan de Resiliencia en Telecomunicaciones», se exige a las empresas prestadoras garantizar que al menos el 80% de sus estaciones base y nodos críticos cuenten con:

• Fuentes de energía de respaldo con una autonomía mínima de 72 horas, incluyendo opciones como grupos electrógenos, paneles solares o baterías de gran capacidad.
• Sistemas de conectividad redundante, como enlaces satelitales o de microondas, que operen independientemente del tendido principal.
• Protocolos de activación automática y priorización de tráfico para asegurar las comunicaciones de emergencia.

La ordenanza también prevé la creación de Centros de Comunicación de Emergencia por parte del Departamento Ejecutivo, en colaboración con Defensa Civil y empresas del sector. Estos centros estarían equipados con tecnología autónoma de comunicación satelital, alimentación energética independiente y acceso libre a telefonía e internet durante situaciones de crisis.

Además, se establece la obligatoriedad para las empresas prestadoras de integrar un plan de contingencia conjunto con la Dirección de Defensa Civil y el Comité Operativo de Emergencia (COE) local, participando activamente en simulacros, ejercicios de prueba y comunicación coordinada.

La Secretaría de Modernización y Transformación Digital, en coordinación con la Dirección de Defensa Civil, será la autoridad de aplicación encargada de realizar auditorías anuales y pruebas técnicas para verificar el cumplimiento de la ordenanza. El incumplimiento de estas disposiciones podrá ser sancionado con multas proporcionales a la facturación local de la empresa infractora, suspensión temporal de licencias o autorizaciones municipales, y publicación de los incumplimientos en los medios oficiales.

Como incentivo, la ordenanza contempla la posibilidad de que las empresas que incorporen tecnologías sustentables y energías limpias para el cumplimiento de la normativa accedan a beneficios fiscales u otros incentivos que establezca el Departamento Ejecutivo.

La ordenanza entrará en vigencia a los noventa días de su promulgación, y las empresas tendrán un plazo de doce meses para adecuarse a los requisitos establecidos. Desde el bloque de La Libertad Avanza se enfatizó que comunicar en una emergencia es un derecho vital y que debe garantizarse con infraestructura preparada y normas claras.