Gobernadores de diversas provincias argentinas se reunieron en Chaco para expresar su profunda preocupación y exigir al gobierno nacional la revisión de la reciente reforma al Código Alimenticio, implementada a través del decreto 35/2025. Esta modificación facilitaría la importación de alimentos al eximirlos de los controles sanitarios que sí deben cumplir los productos nacionales, generando reclamos por competencia desleal y potenciales amenazas a la salud pública. El gobierno nacional, por su parte, adelantó que rechazará el pedido, argumentando que estos productos ya son controlados en sus países de origen.

Una fuerte controversia se desató en Argentina tras la reunión de gobernadores en la provincia de Chaco, donde manifestaron su enérgico reclamo al gobierno nacional por la reciente modificación del Código Alimenticio. La reforma, implementada mediante el decreto 35/2025, busca facilitar la importación de alimentos, pero ha generado alarma entre los mandatarios provinciales, quienes advierten sobre posibles riesgos para la salud pública y una competencia desleal para los productores locales.

Los gobernadores exigieron al gobierno nacional que revise exhaustivamente esta reforma, que consideran una amenaza tanto para la producción nacional como para la seguridad alimentaria de los ciudadanos. Su principal preocupación radica en que la nueva normativa eximiría a los alimentos importados de los rigurosos controles sanitarios que la legislación argentina exige a los productos de origen local.

Según los gobernadores, esta disparidad en los controles no solo constituye una deslealtad comercial, al imponer cargas regulatorias a los productores argentinos que no recaen sobre los importadores, sino que también representa un «engaño a los consumidores» al «poner en riesgo la Salud Pública». Argumentan que la afirmación del gobierno nacional de que los alimentos importados ya vienen controlados desde sus países de origen es insuficiente y no garantiza los mismos estándares de seguridad que los controles locales.

La desregulación impulsada por el gobierno nacional ha sido calificada de «revolucionaria» por sectores libertarios, quienes la ven como una medida necesaria para fomentar la competencia y reducir los costos para los consumidores. Sin embargo, los gobernadores se muestran firmemente en contra, anticipando consecuencias negativas para la economía regional y la salud de la población.

La postura del gobierno nacional, adelantada tras el reclamo de los gobernadores, es de rechazo a la revisión solicitada. La administración central sostiene que los alimentos importados ya son sometidos a controles en sus respectivos países de origen, lo que garantizaría su seguridad y calidad, obviando la necesidad de controles adicionales al ingresar al mercado argentino.

Este enfrentamiento entre el gobierno nacional y los gobernadores provinciales pone de manifiesto visiones contrapuestas sobre la política de importación de alimentos y sus posibles implicancias en la economía y la salud pública del país. Se espera que este tema continúe generando debate y posibles acciones en los próximos días.