El Gobierno nacional, en el marco de su Plan de Inteligencia Nacional (PIN), estaría avanzando en la creación de una «Secretaría del Relato», una nueva área que generó preocupación por su potencial rol en el control de la información en redes sociales y la posible afectación a la libertad de expresión. La iniciativa, que recaería bajo la órbita de la SIDE, contaría con un presupuesto significativo y sería liderada por figuras clave del oficialismo.

La gestión actual del gobierno de Javier Milei, a través de su Plan de Inteligencia Nacional (PIN), ha puesto en el centro de su estrategia la denominada «batalla cultural por controlar el relato». En este contexto, se ha dado a conocer la inminente creación de una «Secretaría del Relato», una nueva área que se perfila como una pieza fundamental en la estrategia comunicacional del Ejecutivo. Esta Secretaría, según trascendidos, dependería directamente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y se le asignaría uno de los presupuestos más importantes dentro de dicho organismo.

El documento que delinea la creación de esta controvertida Secretaría habría sido elaborado por el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert. Neiffert, una figura cercana al asesor presidencial Santiago Caputo, es considerado uno de los principales artífices de la estrategia de comunicación del oficialismo y un «guerrero» en la disputa por el «relato libertario». Esta cercanía genera interrogantes sobre los alcances y la independencia de la futura Secretaría.

Los lineamientos de esta nueva área despiertan preocupación en diversos sectores, ya que podrían habilitar a los espías argentinos a recabar y analizar información sobre periodistas, economistas y otros «actores sociales». El objetivo de esta recopilación de datos sería identificar y monitorear publicaciones o trabajos que, a criterio del gobierno, puedan «erosionar» la confianza en los funcionarios públicos o «manipular» la opinión pública. Esta potencial injerencia en el ámbito de la opinión y la información en redes sociales ha encendido las alarmas sobre posibles restricciones a la libertad de expresión y al pluralismo de voces.

En este marco, la atención se ha posicionado en la reciente inyección de fondos reservados, impulsada a través de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Particularmente, se destaca una partida de 100.000 millones de pesos que, si bien fue rechazada por el Senado, se mantiene vigente al no haber sido tratada por la Cámara de Diputados. La vinculación de estos fondos con el presupuesto de la futura Secretaría del Relato genera aún más interrogantes sobre la transparencia y los fines de esta nueva estructura dentro del andamiaje estatal. La creación de esta Secretaría, con su fuerte énfasis en el «control del relato», abre un debate crucial sobre los límites del poder estatal en la esfera digital y el resguardo de las libertades individuales en la era de la información.