La Justicia Laboral asestó un golpe al Gobierno de Javier Milei este lunes, al suspender los artículos centrales del DNU 340/2025 que buscaban restringir el derecho a huelga. La medida cautelar, solicitada por la CGT, detiene temporalmente la reforma, reafirmando la necesidad de un debate parlamentario para modificaciones de tal magnitud.

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En un giro inesperado para la política gubernamental, la Justicia laboral ha resuelto este lunes la suspensión de artículos fundamentales del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, una pieza normativa impulsada por la administración de Javier Milei con el objetivo de limitar el derecho a huelga en Argentina. La jueza Moira Fullana fue quien dictaminó la medida, haciendo lugar a una cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central obrera del país.

La decisión de la magistrada implica que los artículos 2 y 3 del mencionado DNU quedan frenados en sus efectos, lo que representa un significativo revés para el Gobierno. La jueza Fullana fundamentó su fallo en la consideración de que una reforma tan profunda del régimen legal del derecho a huelga no puede ser realizada a través de un decreto de necesidad y urgencia. En su lugar, argumentó que una modificación de esta envergadura requiere imperativamente una ley sancionada por el Congreso de la Nación, en línea con los principios constitucionales que rigen la división de poderes.

Un Revés para la Reforma Laboral de Milei

La suspensión de estos artículos es un golpe directo a la propuesta de reforma laboral que el Gobierno de Milei venía impulsando, la cual buscaba endurecer considerablemente las condiciones para declarar medidas de fuerza sindicales y restringir su alcance. Desde la CGT, la oposición a este DNU fue vehemente y constante, sosteniendo que la normativa «cercena derechos constitucionales» y «viola tratados internacionales» suscriptos por la Argentina que, además, gozan de rango constitucional.

El escrito presentado por la central obrera ante la Justicia fue contundente en sus argumentos. En él, se sostuvo que «la modificación del derecho a huelga, garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, requiere un debate parlamentario». Esta es una de las cláusulas más importantes de la Constitución, que protege los derechos de los trabajadores, incluyendo el de huelga. La CGT también advirtió que el DNU, al intentar modificar aspectos tan sensibles, avanzaba sobre competencias exclusivas del Poder Legislativo, generando un desequilibrio en el sistema institucional. Adicionalmente, la central sindical alertó sobre el impacto negativo que la normativa podría tener no solo sobre la huelga, sino también sobre la libertad sindical y la negociación colectiva en el país, pilares fundamentales de las relaciones laborales.

Alcance y Reacciones Futuras

La resolución emitida por la jueza Fullana establece que el freno a los artículos 2 y 3 del DNU será de carácter provisorio. Esto significa que la suspensión se mantendrá hasta tanto se dicte una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo, es decir, hasta que se resuelva si el DNU es constitucional o no en estos puntos. Por lo tanto, esta medida cautelar permite que, por el momento, la legislación actual sobre el derecho a huelga en Argentina siga vigente, sin las modificaciones que proponía el decreto.

Desde el Gobierno, la reacción oficial ha sido de cautela. Al cierre de esta edición, no se emitieron comentarios oficiales tras conocerse la medida judicial. Sin embargo, fuentes cercanas a la Casa Rosada indicaron que no descartan apelar el fallo y llevar la discusión a instancias judiciales superiores, lo que anticipa una continuidad de la batalla legal en torno a este DNU. El Poder Ejecutivo considera que la celeridad es clave para implementar sus reformas, y un freno de esta naturaleza puede alterar sus tiempos y planes. La apelación sería un paso previsible en su estrategia para defender la constitucionalidad de la herramienta utilizada.

Este fallo se suma a otras controversias judiciales que el DNU de Milei ha enfrentado desde su promulgación. La tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, así como la puja con los gremios y la oposición política, parece intensificarse, marcando un escenario de alta litigiosidad en torno a las reformas impulsadas por el Gobierno. El derecho a huelga, un derecho fundamental de los trabajadores, se convierte así en un punto central de este pulso institucional y social, con un futuro incierto que dependerá de las próximas decisiones judiciales y las estrategias de las partes involucradas.