El Cuerpo de Delegados del Personal de Sancor C.U.L. emitió un contundente comunicado en el que denuncia la crítica situación que atraviesan los trabajadores lácteos, marcada por el persistente incumplimiento salarial por parte de la empresa incluso después de la apertura del Concurso de Acreedores. La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) se posiciona como el único sostén de sus representados ante un escenario de creciente incertidumbre.

Según el comunicado, la cooperativa adeuda salarios tanto anteriores como posteriores al inicio del proceso concursal, lo que agrava la situación económica de las familias de los empleados. En este contexto, ha trascendido la existencia de propuestas de reactivación de las plantas industriales, actualmente paralizadas, por parte de inversores interesados. Sin embargo, estas ofertas, según los delegados, cubrirían apenas un noventa por ciento (90%) de las deudas.

ATILRA subraya que esta situación es «desesperante» para sus familias, ya que los créditos salariales tienen «carácter alimentario» y son el «único medio de subsistencia». Advierten que el pasivo denunciado por la empresa –y avalado por la verificación de créditos presentada– supera ampliamente el activo, lo que, de no mediar una solución integral, llevaría directamente a una quiebra. Esta situación no solo dejaría a los trabajadores sin empleo y sin cobrar, sino que también implicaría el «desguace y cierre de las plantas con toda la gente en la calle».

Ante este panorama, los trabajadores de ATILRA exigen a las autoridades de Sancor C.U.L. una información inmediata sobre las propuestas de reactivación presentadas por los inversores, para que puedan ser analizadas en asamblea y decidir su aprobación o rechazo.

Además, el gremio propone un plan de lucha nacional en defensa de su fuente de trabajo y los puestos laborales. Como medida urgente, anunciaron que marcharán hacia el Juzgado del Concurso. Su objetivo es solicitar a la Justicia que, «tal cual lo sostiene la resolución que resuelve la apertura», arbitre los medios conducentes al sostenimiento y reactivación de la fuente de trabajo y la conservación de todos los puestos laborales, buscando proteger los derechos de los afectados directos en esta dramática situación. La intervención judicial es vista como clave para evitar el colapso definitivo de la cooperativa y la pérdida masiva de empleos.