Un desfalco que supera los 50 mil millones de pesos sacude a Vialidad Nacional. Estos fondos, asignados entre 2017 y 2019 para cruciales obras de seguridad vial, habrían desaparecido sin dejar rastro durante un período que incluye la gestión de Javier Iguacel como titular del organismo, en el marco del gobierno de Mauricio Macri. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) ha iniciado un reclamo formal para recuperar casi 1.300 millones de pesos, mientras una investigación judicial, que apunta a exfuncionarios clave, se mantiene paralizada desde hace cuatro años. Actualmente, Javier Iguacel se desempeña como intendente de Capitán Sarmiento.

Un Convenio Vital para la Seguridad Vial sin Ejecución

La controversia se origina en un convenio específico suscripto en octubre de 2017 entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo descentralizado del Ministerio de Transporte, y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), entonces bajo la órbita del Ministerio de Obra Pública. El acuerdo establecía la transferencia de fondos desde la ANSV a la DNV con el objetivo preciso de ejecutar obras de seguridad en tramos clave de las rutas nacionales 5, 7, 8, 22 y 34. Las mejoras proyectadas eran fundamentales para reducir la siniestralidad, e incluían la instalación de líneas vibrosonoras, tachas reflectivas, señalización con luces LED, así como cartelería inteligente y electrónica dinámica para brindar información en tiempo real a los conductores.

Entre diciembre de 2017 y noviembre de 2019, la ANSV giró a Vialidad Nacional un total de $1.314.065.056,00 para la realización de estas obras. Sin embargo, las auditorías posteriores y los informes técnicos revelaron una ausencia casi total de las tareas comprometidas, o una ejecución deficiente de las pocas que se encontraron.

Auditorías Contundentes y Rechazo de Rendiciones

Las irregularidades fueron puestas en evidencia por exhaustivas auditorías. Un informe de la Asociación Argentina de Carreteras (AAC), solicitado por la ANSV, fue calificado de «demoledor» al verificar que ninguna de las obras pautadas había sido realizada. Se detectaron desde carteles de «deficiente e incorrecta colocación» hasta material para señalización abandonado. Luis Goldín, quien se desempeñó como director de Jurídicos de la ANSV y hoy patrocina el reclamo, elaboró un informe que documenta la inexistencia de las obras y donde las empresas involucradas negaron haber realizado las tareas específicas del convenio. Goldín afirmó que «la plata se giró, pero no se sabe a dónde fue».

Ante este panorama, la ANSV, bajo la dirección ejecutiva de Pablo Julián Martínez Carignano, inició un proceso formal de reclamo. Luego de detectar el incumplimiento en la rendición de cuentas por parte de Vialidad Nacional, se realizaron múltiples requerimientos de información. Las rendiciones presentadas por la DNV fueron categóricamente rechazadas por la Dirección General de Administración y la Dirección Nacional de Coordinación Interjurisdiccional de la ANSV. Entre las objeciones más destacadas, se incluyó la presencia de facturas con fechas anteriores a la firma del convenio (por un total de $241.528.538,44) y la inclusión de ítems ajenos al objeto del acuerdo. De los $831.581.768,37 que Vialidad intentó rendir, el monto real que justificaba obras relacionadas directamente con el convenio ascendía a una ínfima cifra de $8.287.898,40.

Tras no lograr una composición amigable, la ANSV elevó el caso a la Procuración del Tesoro de la Nación, solicitando formalmente el reintegro de $1.299.037.157,60, junto con los intereses correspondientes.

La Causa Judicial Stancada y las Sospechas Políticas

Paralelamente al reclamo administrativo, el caso se enmarca en una causa judicial que genera fuerte controversia por su falta de avance. La denuncia penal, impulsada por el diputado Rodolfo Tailhade en septiembre de 2020, apunta directamente a Guillermo Dietrich, exministro de Transporte, quien autorizó los giros, y a Javier Iguacel, quien fue Administrador General de Vialidad Nacional desde diciembre de 2015 hasta junio de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, y posteriormente Ministro de Energía. Tailhade afirmó públicamente que «las obras no se realizaron y el dinero no está», no descartando que «esos 1.300 millones de pesos fueron robados para financiar la campaña» de Iguacel como intendente de Capitán Sarmiento.

A pesar de la contundencia de las auditorías y la gravedad de las acusaciones, la causa judicial a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita no ha mostrado avances significativos en los últimos cuatro años. Esta inacción ha sido objeto de fuertes críticas desde diversos sectores, que cuestionan la lentitud en el proceso de una investigación que involucra fondos públicos de gran magnitud.

Mientras el exministro Dietrich se ha alejado de la política activa, Javier Iguacel ha continuado su carrera política, siendo electo intendente de Capitán Sarmiento en 2019 y reelecto en 2023, además de incursionar en el ámbito empresarial petrolero. El destino de los millonarios fondos destinados a la seguridad en las rutas nacionales sigue siendo un interrogante, con un impacto directo tanto en la infraestructura vial como en la confianza pública.