Organizaciones sociales advierten que la modificación de la normativa vigente atenta contra el acceso al agua potable y vulnera derechos consagrados en la Constitución Nacional.

 

La reciente media aprobación de las modificaciones a la Ley de Glaciares ha desatado una fuerte ola de rechazo por parte de asambleas ciudadanas y especialistas ambientales. Bajo la consigna de defender las fuentes de agua dulce de todo el país, el colectivo de Vecinos Autoconvocados por el agua denunció que esta reforma impulsada por el Gobierno nacional no solo es un «atentado contra la vida», sino que resulta flagrantemente inconstitucional al contradecir el artículo 41 de la Carta Magna.

 

El eje central del reclamo radica en la función vital que cumplen los glaciares de la Cordillera de los Andes, encargados de abastecer los ríos que nutren a las principales ciudades argentinas. Según el comunicado emitido por la agrupación, avanzar sobre la protección actual de estos ecosistemas pondría en serio riesgo tanto la cantidad como la calidad del agua que reciben los pueblos, afectando de manera directa la salud pública.

 

El argumento constitucional y el derecho al futuro

La denuncia de inconstitucionalidad se apoya en el artículo 41 de la Constitución Nacional, el cual establece que todos los habitantes tienen derecho a un ambiente sano y equilibrado. Este principio constitucional obliga al Estado a garantizar que las actividades productivas actuales no comprometan las necesidades de las generaciones futuras.

 

«El Estado tiene el deber de preservar el ambiente», remarcan desde el colectivo, señalando que la reparación de un glaciar dañado es, en la práctica, una «utopía». En este sentido, la modificación de la ley es vista como una acción deliberada del Ejecutivo para priorizar intereses económicos inmediatos por sobre la preservación del patrimonio natural y la diversidad biológica.

 

Un conflicto que escala

La referente ambiental Angélica Lauquen subrayó que la protección de las fuentes de agua es un límite infranqueable para las comunidades. El conflicto promete trasladarse a los tribunales, donde se buscará frenar la aplicación de cualquier cambio normativo que desproteja las zonas glaciares y periglaciares, pilares de la supervivencia hídrica en gran parte del territorio nacional.