En el marco de los alegatos, el fiscal Cristian Aguilar solicitó condenas para el dueño del edificio, la responsable de seguridad y el capataz por las lesiones gravísimas sufridas por un trabajador que perdió un brazo.

La justicia bahiense se encamina a dictar sentencia en una causa que pone bajo la lupa las medidas de seguridad y la responsabilidad profesional en las obras en construcción de altura. Durante la etapa de alegatos, el fiscal Cristian Aguilar, titular de la UFIJ N° 1, solicitó penas de ejecución condicional e inhabilitaciones especiales para los tres imputados por el accidente que le costó la amputación de un antebrazo al albañil Jhonny Alfredo Zambrano Calderón.

Los acusados en el proceso son Ricardo Raúl Trobiani Rognoni (dueño del edificio), Marcela Elba Tourn (responsable de seguridad e higiene) y David Humberto Silva Esparza (capataz y responsable del montacargas). Según la acusación fiscal, los tres omitieron adoptar y controlar las medidas de seguridad necesarias para evitar la caída de personas en la obra ubicada en la calle 19 de Mayo 67, donde ocurrió el siniestro el 24 de julio de 2019.

Los pedidos de la Fiscalía

El fiscal Aguilar solicitó para Trobiani Rognoni la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y cuatro años de inhabilitación especial para proyectar o intervenir en el desarrollo de edificios de altura. Asimismo, para Silva Esparza y Marcela Tourn, el pedido fue de un año y ocho meses de ejecución condicional e inhabilitación especial por el mismo plazo para ejercer sus respectivas funciones en el ámbito de la construcción y la seguridad laboral.

La fiscalía sostiene que los imputados son autores del delito de lesiones culposas, argumentando que la falta de previsión y el incumplimiento de las normas básicas de seguridad fueron los factores determinantes para que Zambrano Calderón cayera desde la altura, sufriendo heridas de tal gravedad que derivaron en una discapacidad permanente.

La postura de las defensas y el veredicto final

Por su parte, los abogados defensores de los tres imputados rechazaron los cargos y solicitaron la libre absolución de sus asistidos, alegando la inexistencia de responsabilidad penal en el infortunio laboral.

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, la jueza Susana González La Riva, titular del Juzgado Correccional N.º 3, dio por finalizado el debate y anunció que el veredicto y la eventual sentencia se conocerán el próximo martes 3 de marzo. El fallo genera expectativa en el sector de la construcción, ya que podría sentar un precedente sobre la cadena de responsabilidades ante accidentes laborales de gravedad.