En medio de un discurso de austeridad y responsabilidad administrativa, el intendente de Villarino autorizó un concurso de precios para contratar asesoramiento externo en comunicación institucional. La medida genera controversia por el contraste entre el relato oficial y el uso de los fondos públicos.

El municipio de Villarino se encuentra en el centro de la polémica tras conocerse la firma del Decreto Nº262 por parte del intendente Carlos Bevilacqua. El documento oficial autoriza un concurso de precios por un monto total de $23.400.000, destinados específicamente a la contratación de servicios de capacitación y asesoramiento en materia de comunicación gubernamental.

Según los fundamentos del decreto, el objetivo de esta millonaria inversión es instruir al personal del área y a funcionarios en la redacción de programas municipales, elaboración de gacetillas de prensa y fijación de lineamientos para las publicaciones oficiales. En términos prácticos, el municipio desembolsará más de 23 millones de pesos para recibir instrucciones sobre cómo manejar la comunicación pública y pulir el discurso de la gestión.

El contraste con el discurso de austeridad

La apertura de sobres para este concurso de precios está programada para hoy, 9 de marzo, coincidiendo temporalmente con las recientes declaraciones del jefe comunal. Durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, Bevilacqua enfatizó que «administrar en este tiempo exige responsabilidad, orden y decisiones firmes», calificando al contexto actual como «complejo».

Sin embargo, la asignación de una cifra tan significativa para asesoramiento comunicacional pone en duda la coherencia de ese mensaje de austeridad. Para diversos sectores de la comunidad, la medida parece más orientada a fortalecer el relato oficial y la imagen de la gestión que a brindar soluciones directas a las problemáticas que enfrentan los vecinos del distrito.

Un debate sobre las prioridades

Más allá de la validez técnica de capacitar al personal municipal, el debate se centra en la oportunidad y el monto de la contratación. En un escenario donde el propio intendente pide «responsabilidad y orden» en el gasto, destinar 23 millones de pesos para aprender a escribir partes de prensa resulta, cuanto menos, llamativo.

Esta decisión administrativa deja abierta la pregunta sobre cuáles son las verdaderas prioridades en la gestión de Villarino. Mientras el discurso oficial apela a la firmeza y la prudencia económica, los hechos demuestran que, al menos en lo que respecta a la comunicación institucional, no se escatiman recursos para intentar mejorar la forma en que se presenta la gestión ante la ciudadanía.