A pesar de las denuncias y la controversia pública, la empresa ligada al periodista deportivo continuó cobrando facturas por montos exorbitantes del canal estatal. La Justicia investiga posibles irregularidades en la contratación y el cumplimiento de los servicios facturados.

La auditoría interna sobre los fondos de la TV Pública ha revelado un nuevo y polémico capítulo en la gestión de recursos estatales. Según documentos a los que se tuvo acceso recientemente, la productora de contenidos vinculada directamente al periodista Marcelo Grandio continuó percibiendo desembolsos millonarios por parte del medio oficial, incluso durante los meses en que el escándalo por contrataciones presuntamente irregulares ocupaba el centro de la escena mediática y política.

La investigación judicial apunta a un esquema de contrataciones que habría favorecido a la firma de Grandio mediante mecanismos que eludieron los controles administrativos habituales. Los pagos, que ascienden a varios millones de pesos mensuales, se habrían mantenido vigentes bajo conceptos de producción de contenidos deportivos y asesoramiento técnico, tareas que ahora están bajo la lupa de los peritos contables para determinar si efectivamente fueron prestadas en la forma y tiempo declarados.

Pagos en plena tormenta mediática

Lo que más llama la atención de los investigadores es la continuidad de la facturación en un contexto de restricción presupuestaria y cuestionamientos directos a la transparencia del canal. Mientras otros sectores de la emisora sufrían recortes y demoras en los pagos, la productora en cuestión lograba liquidar facturas con una celeridad poco frecuente para la administración pública. Este trato preferencial es uno de los ejes centrales que la fiscalía busca esclarecer, intentando determinar si existió un direccionamiento intencionado desde la cúpula directiva de Radio y Televisión Argentina (RTA).

El periodista Marcelo Grandio, quien ha tenido una presencia histórica en la pantalla estatal cubriendo eventos deportivos de relevancia, se encuentra en una situación comprometida, ya que su vinculación societaria y de intereses con la productora beneficiada es directa. Las autoridades actuales del canal han manifestado que colaborarán plenamente con la justicia para deslindar responsabilidades, aunque subrayaron que muchos de estos contratos fueron heredados de gestiones previas que están siendo auditadas de forma integral.

La lupa sobre la TV Pública

Este caso se suma a una serie de denuncias por malversación de fondos y contrataciones directas injustificadas que han salpicado a la TV Pública en los últimos años. La sospecha de que la estructura del canal fue utilizada para canalizar fondos hacia productoras «amigas» cobra fuerza con cada nuevo reporte de tesorería que sale a la luz. Por el momento, la productora ha evitado emitir comunicados oficiales, mientras que la justicia federal prepara una serie de citaciones para los responsables contables que autorizaron los pagos en cuestión.

La resolución de esta investigación marcará un precedente sobre el manejo de la pauta y los contratos de producción en los medios públicos, un área históricamente opaca que hoy vuelve a estar en el ojo de la tormenta por presuntos manejos discrecionales de fondos que pertenecen a todos los ciudadanos