El ministro de Salud bonaerense cruzó las acusaciones oficiales tras la masiva Marcha Federal de Salud que movilizó a 100.000 personas en todo el país. Expuso el desfinanciamiento de los programas nacionales, la caída de coberturas privadas y reveló que los salarios municipales congelados generan un déficit mensual de 10.000 millones de pesos en la obra social.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, salió al cruce de los cuestionamientos formulados por el Poder Ejecutivo Nacional y legisladores de la oposición provincial respecto del funcionamiento del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). El descargo del funcionario se produjo tras la Marcha Federal de Salud, una movilización que concentró a más de 60.000 manifestantes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cerca de 100.000 a escala nacional en reclamo por el deterioro del sector.

Kreplak vinculó de forma directa las críticas hacia la obra social bonaerense con una estrategia de distracción política frente a la crisis estructural que afecta a los subsectores público, privado y de la seguridad social en todo el territorio argentino. “Frente a una crisis sanitaria cada vez más profunda, la única respuesta que encuentran es atacar al IOMA y politizar la discusión para no hablar de los problemas reales que atraviesa todo el sistema de salud”, argumentó el titular de la cartera sanitaria.

Indicadores de la crisis y absorción del sistema público

En su análisis de la coyuntura, el ministro detalló el impacto que las medidas económicas nacionales imprimen sobre la sustentabilidad de las prestaciones. Recurriendo a datos sectoriales, recordó que la Confederación General del Trabajo (CGT) advirtió que la mayoría de las obras sociales sindicales presenta serias dificultades para cubrir el 80% del Programa Médico Obligatorio (PMO). Asimismo, apuntó que las empresas de medicina prepaga aplicaron incrementos superiores al 400% en sus cuotas fijas, lo que provocó que más de 742.000 usuarios perdieran su cobertura por falta de pago o desempleo.

Esta masa de población desplazada del sector privado se volcó de manera directa a los efectores públicos. “El sistema público está absorbiendo una demanda cada vez mayor. Hoy, el 50% de las personas que se atienden en hospitales públicos tiene algún tipo de cobertura, pero no puede utilizarla plenamente por la crisis del sistema que acota prestaciones y no da respuesta”, describió Kreplak. A esto sumó el impacto de la eliminación del programa nacional Remediar, señalando que la falta de entrega de medicamentos básicos provocó que uno de cada cuatro jubilados discontinuara sus tratamientos farmacológicos por razones económicas.

Los números del IOMA y el impacto del congelamiento municipal

Al responder puntualmente sobre la situación del IOMA, el funcionario rechazó los diagnósticos de colapso institucional y aseguró que el organismo sostiene niveles de respuesta superiores al promedio del sector. Según los registros de producción sanitaria entre 2023 y 2025, la obra social provincial incrementó un 40% sus consultas ambulatorias, un 8% las prácticas de diagnóstico por imágenes, un 27% la provisión de medicamentos de alto costo y un 16% las autorizaciones operativas de prótesis.

No obstante, Kreplak transparentó una asimetría financiera interna ligada a la política salarial de las comunas. El ministro explicó que el funcionamiento de la entidad se sostiene gracias a los aportes de los empleados de la administración central bonaerense, dado que el sector comunal opera con saldo negativo. “Los municipales, que también tienen IOMA, generan un déficit mensual cercano a los 10.000 millones de pesos para la obra social, debido al congelamiento y deterioro salarial de muchos de los municipios”, precisó.

Deuda soberana y debate de fondo

El conflicto de financiamiento fue enmarcado además en la disputa de recursos que la provincia de Buenos Aires mantiene con la Casa Rosada por la coparticipación y los giros discrecionales suspendidos. Según la estimación ministerial, la deuda acumulada del Estado nacional con el distrito bonaerense ya supera los 20 billones de pesos (veinte millones de millones).

“Mientras recortan recursos, medicamentos y programas sanitarios, después intentan responsabilizar a las provincias por las consecuencias de ese ajuste”, esgrimió Kreplak. Sobre el cierre, planteó que la discusión actual trasciende la dimensión contable: “Lo que está en discusión es si la salud va a seguir siendo un derecho para nuestro pueblo o si cada persona va a tener que arreglárselas sola frente a la enfermedad. Mientras el Gobierno nacional ajusta y abandona políticas públicas esenciales, en la Provincia seguimos sosteniendo prestaciones”.