La Federación de Estibadores Portuarios Argentinos, encabezada por Marcelo Osores, anunció en Necochea que acudirá a la Justicia para frenar el impacto de las nuevas normativas nacionales en el sector. Además, el gremio se declaró en estado de alerta por conflictos y denuncias de persecución en diversas terminales del país.

La Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA), entidad que nuclea a los trabajadores de la actividad a nivel nacional, ratificó su firme postura de rechazo frente a la denominada «reforma laboral libertaria» impulsada por el Gobierno nacional. La decisión fue adoptada de manera orgánica durante el reciente Encuentro Federal del Consejo de Secretarios Generales, un cónclave estratégico que tuvo lugar en la ciudad de Necochea y que congregó a la dirigencia portuaria de todo el país, incluyendo la participación central del Sindicato Unido Portuarios Argentinos (SUPA) de Bahía Blanca.

Durante las extensas jornadas de debate y análisis técnico, la cúpula sindical liderada por el secretario general Marcelo Osores evaluó el escenario político y económico nacional, haciendo especial foco en las modificaciones legislativas que alteran el esquema tradicional de contratación y representación en las terminales marítimas y fluviales de la Argentina.

Estrategia judicial en defensa del sector

El principal lineamiento surgido del cónclave en la costa bonaerense fue la decisión de trasladar el reclamo gremial al ámbito de los tribunales. Desde la conducción de la FEPA resolvieron de manera unánime impulsar una presentación judicial formal con el objetivo de resguardar el marco normativo que rige la actividad de la estiba.

Según detallaron desde la organización, los equipos legales del gremio avanzarán con medidas orientadas a defender la plena vigencia de los convenios colectivos de trabajo específicos del sector portuario. Asimismo, la acción judicial buscará garantizar la estabilidad laboral de los operarios y proteger las conquistas históricas adquiridas por los estibadores frente a lo que consideran un avance flexibilizador que afecta de manera directa la dinámica operativa de cada puerto.

Conflictos regionales y estado de alerta

Más allá de la coyuntura legislativa nacional, el Consejo de Secretarios Generales abordó un pormenorizado informe sobre la situación interna de diversas terminales portuarias que hoy atraviesan escenarios de alta conflictividad.

En este sentido, la federación puso la lupa sobre los puertos de Caleta Olivia (Santa Cruz), Concepción del Uruguay (Entre Ríos) y Villa Constitución (Santa Fe). De acuerdo a lo expuesto en el encuentro, en estas delegaciones existen graves denuncias por episodios de persecución sindical, amenazas hacia los operarios y prácticas desleales ejecutadas contra los trabajadores portuarios organizados.

Frente a la sumatoria de estos hechos, la conducción nacional de la FEPA determinó mantener el estado de alerta general en toda la actividad. Además, ratificaron el acompañamiento absoluto y el respaldo institucional a las decisiones y medidas de fuerza que adopten las organizaciones sindicales de base en cada uno de los puertos afectados, bajo la premisa gremial de mantenerse «juntos y organizados».