El juez federal Ariel Lijo profundiza la investigación contra el jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito, dádivas y posibles irregularidades en contrataciones de la TV Pública. La fiscalía analiza elementos de prueba antes de avanzar con una posible citación.

La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atraviesa un momento de máxima tensión. En las últimas semanas, el juez federal Ariel Lijo ha intensificado las pesquisas en la causa que investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito y supuestas dádivas, además de presuntas irregularidades en contratos vinculados a la TV Pública. Según trascendió en los tribunales de Comodoro Py, el magistrado evalúa convocar al funcionario a una declaración indagatoria antes del receso invernal.

La medida se define tras una serie de pruebas solicitadas por el juez en conjunto con el fiscal Gerardo Pollicita. En el entorno judicial, se interpreta que una eventual citación marcaría un punto de inflexión, sugiriendo que la investigación ha alcanzado un grado de avance significativo con pruebas que podrían sustentar sospechas sobre la posible comisión de delitos.

El eje en la relación con Marcelo Grandio

El núcleo de la causa radica en el vínculo entre Adorni y el productor televisivo Marcelo Grandio, dueño de la productora Imhouse, firma que mantiene diversos contratos con medios estatales. La Justicia investiga si Grandio financió un viaje a Punta del Este que el jefe de Gabinete realizó con su familia durante el fin de semana largo de Carnaval.

A pesar de que el funcionario sostuvo públicamente que el traslado fue costeado con fondos propios, los elementos incorporados al expediente presentan contradicciones. Agustín Issin Hansen, broker aeronáutico involucrado en la logística, declaró ante la justicia que el vuelo fue reservado y pagado por Grandio, quien además recibió la facturación a través de su empresa. Según el testimonio, la firma Alpha Centauri facturó el tramo de ida a Imhouse, y el regreso fue abonado por el productor.

El juzgado ha ordenado cruces telefónicos y geolocalización de dispositivos tanto de Adorni como de Grandio y Horacio Silva, socio de Imhouse. El objetivo es determinar si existieron coordinaciones de encuentros coincidentes con la adjudicación de contratos para ciclos como “La caja de Pandora”, “Giros en Línea Recta”, “Enredados”, “La Sala” y “Gritalo Mundial”.

Patrimonio y seguridad bajo la lupa

La investigación también se ha extendido al patrimonio del jefe de Gabinete. El foco principal está puesto sobre una propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Según consta en el expediente, la vivienda fue escriturada en noviembre pasado por un valor cercano a los 120.000 dólares, pero las sospechas recaen sobre remodelaciones integrales y mobiliario que habrían costado otros 245.000 dólares. Los investigadores analizan si estos gastos son compatibles con los ingresos declarados, y han detectado que parte de las obras se habrían realizado sin facturación formal.

Finalmente, se investiga una posible irregularidad en la seguridad del funcionario. La Justicia analiza si efectivos de la Gendarmería Nacional fueron destinados a custodiar el ingreso al country donde reside el jefe de Gabinete. De confirmarse que estos agentes realizaban tareas de seguridad privada ajenas a sus funciones oficiales, la conducta podría encuadrarse en el delito de peculado por el uso indebido de recursos del Estado.

Mientras tanto, la expectativa crece en Comodoro Py, donde el juez Ariel Lijo deberá determinar los próximos pasos procesales sobre uno de los funcionarios más estrechos del círculo íntimo del presidente Javier Milei.