La justicia encontró pruebas documentales y mensajes en el celular del lobista que vinculan pagos de la Agencia Nacional de Discapacidad con retornos ilícitos por intermediación.

La causa judicial que investiga presuntos desvíos de fondos públicos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha sumado pruebas contundentes. Documentos hallados en libretas y conversaciones extraídas del celular de Miguel Ángel Calvete sugieren que el lobista habría cobrado una comisión del 20% sobre diversos contratos estatales. La investigación, a cargo del juzgado de Ariel Lijo y la fiscalía de Franco Picardi, intenta esclarecer si existió un esquema de connivencia entre funcionarios y empresarios para desviar recursos.

De acuerdo con la documentación judicial, los registros de pagos emitidos por la ANDIS coinciden con precisión milimétrica en fechas y montos con anotaciones encontradas en los documentos privados de Calvete. En uno de los casos más relevantes, se halló un cuadro titulado “Artrobone”, que detallaba pagos por 16 y 17 millones de pesos, seguidos de líneas que explicitaban montos destinados a “Miguel” y “Guadalupe” (en referencia a Guadalupe Muñoz, pareja del lobista).

El modus operandi, según la fiscalía, posicionaba a Calvete como un «engranaje» entre el organismo estatal y las empresas proveedoras, cobrando por ello entre un 12% y un 20% de las adjudicaciones. Sin ostentar cargo público alguno, el implicado mantenía una comunicación fluida con funcionarios jerárquicos de la agencia. Un mensaje hallado en su teléfono, enviado por el exdirector de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini, bajo el título “Sus ofrendas de esta semana”, adjuntaba una tabla con pagos a diez empresas por un total de 2.021 millones de pesos, cifra que concuerda con las órdenes de pago emitidas por el organismo.

Entre las compañías mencionadas en estos registros se encuentran Expo Trauma S.A., Artrobone, Neurosalud y Ortopedia Bernat. Curiosamente, varias de estas firmas aparecen vinculadas a denuncias previas por sobreprecios en el Ministerio de Salud, donde se detectaron valores inflados hasta en un 4239% en la compra de prótesis y equipamiento ortopédico.

La fiscalía también hizo hincapié en la falta de transparencia del sistema utilizado. Las compulsas de precios y las adjudicaciones se realizaban fuera del portal oficial Compr.Ar, la herramienta de transparencia estatal. El fiscal Picardi sostiene que Calvete obtenía un rédito indebido por habilitar el acceso irregular de las empresas al Siipfis, el sistema de contrataciones del organismo.

Mientras la investigación avanza sobre la base de los peritajes a los teléfonos secuestrados, la defensa de Calvete mantiene una postura expectante. Sus abogados han solicitado la nulidad de los allanamientos y aguardan los resultados de pericias sobre audios de otros funcionarios implicados, mientras que la defensa de Garbellini prepara su descargo ante las acusaciones.