Un reciente documento elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó el Staff Report correspondiente a la segunda revisión del programa Extended Fund Facility 2025 del FMI. El informe expone las presiones para aplicar nuevos recortes fiscales, la significativa flexibilización en las metas de reservas internacionales, la subestimación de la inflación oficial y el impacto del modelo en el empleo y el poder adquisitivo.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó un exhaustivo informe en el que analiza la segunda revisión del acuerdo entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI). El documento aborda en detalle las modificaciones en las metas cuantitativas, las exigencias fiscales y las reformas estructurales solicitadas por el organismo multilateral.

Situación fiscal y recortes sugeridos El FMI ratificó que el ancla fiscal es la «piedra angular» del programa económico, pero advirtió sobre presiones fiscales derivadas de leyes como el Financiamiento a Universidades, Pensiones por Discapacidad y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Como respuesta, el Gobierno decidió postergar la implementación del FAL y el organismo sugirió un esquema de recortes drásticos para 2026 orientados a salvaguardar el superávit. Estos ajustes incluyen:

• Un recorte de 2,33 billones de pesos en gasto social (0,20% del PBI).

• Una reducción de 1,17 billones de pesos en salarios públicos (0,10% del PBI).

• Una poda de 1,17 billones de pesos en gastos de capital u obra pública (0,10% del PBI).

• Una quita de 0,82 billones de pesos en subsidios energéticos (0,07% del PBI).

Además, el informe del CEPA señala un «déficit financiero oculto». Si bien el FMI reconoció un superávit financiero de 0,2% del PBI en 2025, aclaró que al contabilizar los intereses capitalizados (como los bonos cupón cero), el resultado real se torna deficitario en aproximadamente 6,72 billones de pesos, es decir, un 0,8% del PBI.

Flexibilización histórica en las reservas Uno de los puntos más llamativos de la revisión es la alteración de las metas de acumulación de Reservas Internacionales Netas (RIN). El FMI otorgó una flexibilización que roza los 15.000 millones de dólares para la meta de mitad de año. Esto se logró mediante dos vías:

• Se actualizó la valuación de los activos a los precios de diciembre de 2025, lo que generó una ganancia contable de 3.000 millones de dólares únicamente por el aumento del 50% en la cotización del oro.

• Se redujo sustancialmente la exigencia nominal para junio de 2026, pasando de un requerimiento de acumulación de 3.200 millones de dólares positivos a permitir un saldo negativo de 8.600 millones de dólares.

Inflación subestimada y economía dual En materia de precios, el FMI respaldó la decisión del Gobierno de postergar la implementación de los nuevos ponderadores para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC), basados en la encuesta de hogares de 2017/2018, hasta que se consolide la desinflación. Según cálculos del CEPA, al no utilizar la nueva metodología, el INDEC midió una inflación acumulada de 303,5% entre diciembre de 2023 y abril de 2026, cuando la cifra real con los ponderadores actualizados ascendería a 352,6%.

Respecto a la actividad económica, el propio FMI reconoció una recuperación «profundamente desigual». El CEPA advierte que los sectores primarios y financieros (agricultura, minería e intermediación financiera), que evidenciaron fuertes crecimientos interanuales, generan apenas el 9,2% del empleo registrado privado. En contraste, los sectores que concentran el 44,4% de los puestos de trabajo (construcción, industria manufacturera y comercio) sufrieron marcadas caídas de hasta el 13,8%.

Esta situación tuvo un correlato directo en el mercado laboral: desde el inicio de la actual gestión se perdieron 327.813 puestos de trabajo registrados y el salario real experimentó una pérdida de poder adquisitivo del 18,3% (medido con la inflación actualizada) desde diciembre de 2023.

Morosidad, jubilaciones y reformas estructurales El estancamiento de los ingresos reales disparó los niveles de endeudamiento. La morosidad en el sistema financiero tradicional trepó al 11,5% en marzo de 2026, el nivel más alto desde la crisis de 2001. Aún más grave es la situación de los Proveedores No Financieros de Crédito (billeteras virtuales y fintech), donde la irregularidad escaló al 30,7%, superando los picos de la pandemia.

Por otro lado, el FMI trazó un plan de reformas de fondo:

• Privatizaciones: Se proyectan ingresos por 4.000 millones de dólares entre 2026 y 2027 mediante la venta de empresas como Transener y AySA, y concesiones de infraestructura.

• Sistema previsional: El Fondo presiona para eliminar las moratorias, suprimir el piso de 30 años de aportes, unificar regímenes y elevar la edad jubilatoria según la esperanza de vida. Actualmente, las jubilaciones con bono han sufrido una pérdida real del 19,4% frente al trimestre previo al cambio de gestión.

• Reforma tributaria: Se propone ampliar la base del Impuesto a las Ganancias, incrementar drásticamente la carga del Monotributo, eliminar exenciones del IVA y sustituir los Ingresos Brutos provinciales por un «IVA dual».

El organismo concluyó calificando la deuda pública argentina como «sustentable pero no con alta probabilidad», advirtiendo sobre los severos riesgos vinculados a los abultados vencimientos en moneda extranjera y el bajo nivel de reservas.