Raquel Graneros habría adquirido en efectivo una propiedad de lujo en el country Las Yungas. La operación genera fuertes cuestionamientos por los índices de pobreza de su municipio y un reciente conflicto con vecinas inundadas.

Los detalles de la denuncia por la compra inmobiliaria

La intendenta del municipio tucumano de Graneros, Raquel Graneros, se encuentra en el centro de una profunda polémica política y social. De acuerdo con una investigación periodística revelada en el programa televisivo El Avispero, la funcionaria de 29 años habría adquirido una lujosa residencia valuada entre 1 y 1,2 millones de dólares en el exclusivo barrio privado Las Yungas, ubicado en la localidad de Yerba Buena. Según la información difundida, la propiedad consta de una vivienda unificada a lo largo de dos lotes de terreno y es utilizada por la jefa comunal como casa de fin de semana.

El periodista José Sbrocco detalló que la operación inmobiliaria se habría concretado en efectivo y sin intermediación de financiamiento bancario, poco antes de cumplirse el primer año de mandato de la funcionaria, quien asumió el cargo en octubre de 2023. Los informes señalan que las expensas mensuales de la propiedad en dicho country, que cuenta con canchas de golf, tenis, pádel y clubhouse, ascienden aproximadamente a un millón de pesos.

Particularidades de la transacción investigada

• Modalidad de pago: La compra se habría realizado «al contado» mediante la entrega de dinero en efectivo en una sucursal del Banco Galicia, sin que se registren créditos hipotecarios a nombre de la intendenta en el sistema del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

• Intermediación de funcionarios: La denuncia periodística sostiene que el secretario de Hacienda del municipio de Graneros, Ariel Mendelec, habría sido el encargado de transportar y entregar una parte del dinero en efectivo.

• Financiación del saldo: El monto restante de la operación se habría cancelado a través de seis cuotas consecutivas de 50.000 dólares cada una.

• Perfil de ingresos: En el informe se remarcó que la intendenta trabaja en relación de dependencia con el Estado provincial desde el año 2015. Hasta el momento, no ha emitido declaraciones públicas para aclarar el origen de los fondos.

El contraste con la realidad social y el conflicto vecinal

La revelación del caso provocó un fuerte impacto debido a la crítica situación socioeconómica que atraviesa el distrito que gobierna. Según estudios recientes elaborados por la Universidad Católica Argentina (UCA), Graneros se posiciona, junto a Burruyacú, como uno de los departamentos con mayores índices de vulnerabilidad y pobreza dentro de la provincia de Tucumán. Para dimensionar el volumen de la transacción, el informe periodístico contrastó el valor de la propiedad con las finanzas públicas locales: el municipio destina unos 900 millones de pesos mensuales al pago de salarios de su personal, lo que significa que el costo de la mansión equivale a prácticamente dos planillas sueldos completas de la comuna.

De forma paralela, la polémica se acrecentó debido a la judicialización de un reclamo vecinal. Semanas atrás, un grupo de familias damnificadas por temporales exigió de manera pública la ejecución de obras de infraestructura para prevenir inundaciones crónicas. La manifestación derivó en una denuncia penal por parte de la propia intendenta, lo que resultó en la imputación formal de diez mujeres bajo el cargo de amenazas.

«No teníamos dónde vivir, nos inundamos. Queríamos asistencia, no nos imaginamos que íbamos a terminar procesadas. Las familias no hablan por miedo», manifestó entre lágrimas una de las vecinas imputadas durante una reciente entrevista televisiva.

Las afectadas insisten en que las acusaciones de la intendencia son falsas y que sus reclamos se limitaron a exigir ayuda de emergencia ante la pérdida total de sus pertenencias y las precarias condiciones habitacionales en las que quedaron tras las inundaciones