Autorizan el pluriempleo en las Fuerzas Armadas ante la caída salarial
El Gobierno nacional habilitó a los militares a realizar trabajos alternativos en su tiempo libre para complementar sus ingresos mensuales.
El Ministerio de Defensa, conducido por Carlos Presti, oficializó una medida que blanquea y legaliza el pluriempleo dentro de las Fuerzas Armadas. A través de los decretos 34 y 58 de 2026, el Gobierno nacional autorizó a los militares a desempeñarse en trabajos alternativos durante su tiempo libre, siempre y cuando estas actividades no resulten incompatibles con su labor principal.
La decisión responde a la pérdida del poder adquisitivo que afecta al personal militar, en sintonía con la situación general del sector público. Ante los bajos salarios, muchos oficiales optaban por abandonar la fuerza, mientras que otros ya recurrían a empleos complementarios de manera informal, desempeñándose en distintos oficios o como choferes de aplicaciones, repartidores de delivery y vigiladores privados.
Las autoridades militares, que inicialmente se oponían a esta práctica por considerar que comprometía el desempeño y el descanso necesario para sus funciones, terminaron avalando la regularización de esta realidad económica.
El panorama salarial del sector
Los haberes dentro de las Fuerzas Armadas reflejan la necesidad de recurrir al pluriempleo para llegar a fin de mes:
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Escalafones bajos: un voluntario o marinero raso percibe menos de $700.000.
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Mandos medios: un sargento o cabo principal no alcanza el millón de pesos.
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Altos rangos: tenientes generales, almirantes y brigadieres generales apenas superan los tres millones de pesos.
Si bien las Fuerzas Armadas no tienen permitido realizar medidas de fuerza, el descontento salarial es compartido con el personal de Seguridad. En abril de este año, se registró una protesta inédita frente al Edificio Centinela protagonizada por efectivos de las cinco fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y Servicio Penitenciario).
Aquel reclamo por recomposición de haberes y mejoras en la cobertura de salud obligó al Ejecutivo a otorgar un bono compensatorio de $40.000 y a reemplazar los servicios de la obra social IOSFA por un prestador privado.

