La empresaria Mercedes Corbaz advirtió sobre la crítica situación que afronta el sector privado local, caracterizada por una ola constante de persianas bajas y una caída del 50% en las ventas. Denunció que los fondos nacionales prometidos tras el trágico temporal nunca llegaron y que ARCA asfixia a los contribuyentes con embargos de cuentas.

La actividad comercial en Bahía Blanca atraviesa un escenario de extrema gravedad institucional y económica. Así lo describió Mercedes Corbaz, expresidenta de la Cámara de Comercio local, quien calificó la coyuntura actual como «crítica» debido a la sostenida clausura de locales en el radio céntrico de la ciudad y la consecuente pérdida de empleo genuino en el sector privado.

En declaraciones a Radio Provincia, la dirigente empresarial apuntó contra el impacto de las medidas económicas de la administración central, señalando que han ido en detrimento absoluto de los comerciantes. Según explicó, gran parte del sector había apostado políticamente por un cambio de gestión esperando una alternativa de crecimiento, pero las políticas de ajuste terminaron por desplomar el consumo interno, consolidando una pérdida de ventas estimada en un 50%.

El accionar de ARCA y el impacto postemporal

Un punto central del reclamo sectorial radica en las medidas operativas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Tras la grave inundación y el temporal que azotó a la localidad, el Ejecutivo nacional implementó prórrogas impositivas automáticas, pero ningún beneficio de exención real. Corbaz detalló que, una vez finalizado el esquema de postergación durante el año 2025, el organismo recaudador comenzó a exigir los saldos de forma inflexible, ejecutando embargos preventivos sobre las cuentas bancarias de los comercios afectados.

Frente a esta delicada situación fiscal, representantes de diversas cámaras comerciales, industriales y legisladores regionales mantuvieron reuniones técnicas para consensuar un proyecto de acción ante ARCA que detenga los embargos, aunque advierten que las soluciones estructurales deben ser inmediatas para evitar nuevos cierres.

Denuncia por promesas incumplidas

La empresaria subrayó que la reconstrucción edilicia y operativa de los comercios bahienses tras el desastre climático fue sostenida exclusivamente por el esfuerzo mancomunado de los propios ciudadanos. En ese sentido, criticó con dureza la falta de asistencia efectiva por parte de las carteras nacionales: «En su momento, la ministra Patricia Bullrich dijo que iban a aportar 26 mil millones de pesos para ayudar tras la inundación, pero no se concretó». Corbaz aseguró haber gestionado múltiples audiencias formales para reclamar el desembolso de dichos recursos extraordinarios, sin obtener ninguna clase de respuesta oficial hasta la fecha.