Antes del inicio del receso invernal, los senadores nacionales recibieron la confirmación de un nuevo incremento salarial que llevará sus dietas brutas a casi $12 millones mensuales a partir de agosto. El ajuste se da en un contexto de caída generalizada de los salarios reales y con una tasa de desocupación que se ubica cerca del 8%.

El beneficio surge del último acuerdo paritario alcanzado por la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto a los gremios legislativos. Se trata de un aumento acumulativo del 6,7% que se traslada directamente a las dietas de los senadores por la vigencia de la denominada «ley de enganche», aprobada a mano alzada en 2024. La suba se liquidará en tres etapas: un retroactivo de junio del 2,4%, un 2,2% correspondiente a julio y un 1,9% aplicable en agosto. Los legisladores solo podrán evitar percibirlo si deciden renunciar al mismo o donarlo, tal como hicieron previamente bloques de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bancadas provinciales.

Con este nuevo porcentaje, los senadores acumulan un alza del 19% en agosto, superando la inflación del primer semestre que el INDEC estimó en 16,8% a junio. De acuerdo con el esquema actual, la remuneración se calcula sobre la base de 2.500 módulos, sumando 1.000 módulos por gastos de representación y 500 por desarraigo, consolidando un bruto exacto de $11.877.000. Esta realidad contrasta con la de la Cámara de Diputados, donde no rige el enganche paritario y los haberes brutos se encuentran congelados en $6.072.000 (unos $4.322.307 netos), lo que equivale a prácticamente la mitad de lo percibido en la Cámara alta y profundiza el malestar interno con la gestión de Menem.

Por el lado de los empleados del Congreso, el acuerdo fija que la categoría más alta (categoría 1) ascenderá a $2.509.123 en agosto, mientras que la categoría promedio (categoría 6) pasará a cobrar $1.193.538 en el mismo mes. El acta paritaria contó con la firma de las autoridades administrativas de ambas cámaras y los representantes sindicales de APL, ATE y UPCN. En paralelo, el gremio APL solicitó crear una comisión regulatoria tras la polémica desatada por un plus otorgado unilateralmente por Menem por fuera de la mesa de negociación, lo que motivó reclamos de equidad salarial interna.