La diputada del Frente de Izquierda presentó un proyecto para frenar el recorte de medicamentos y la persecución a profesionales.

La diputada nacional del Frente de Izquierda – Unidad (FIT-U), Romina Del Plá, presentó un proyecto de declaración ante el Congreso de la Nación para repudiar el deterioro en las prestaciones del PAMI. La iniciativa exige la restitución inmediata de la cobertura gratuita de medicamentos para todos los afiliados, la recomposición de los honorarios profesionales, la reincorporación del personal despedido y el cese de las medidas disciplinarias contra el cuerpo médico que denuncia la falta de recursos.

Dentro de los fundamentos de la propuesta, la legisladora detalló los casos de persecución administrativa registrados contra profesionales de la salud en distintas provincias. Específicamente, mencionó las situaciones de los médicos de cabecera Alejandro Ciotta (Salta), Atilio Rossi (Córdoba), Gerardo Piñella (Santa Fe) y Edson Ricardo Pérez de Brito (CABA), a quienes se les retiró de forma intempestiva una nómina de entre 500 y 600 pacientes tras haber visibilizado la caída en sus ingresos y el recorte en la atención. Según denunció, este mecanismo funciona en la práctica como un recorte salarial y una advertencia punitiva para el resto del personal.

Frente a esta coyuntura, la bancada del Frente de Izquierda —integrada también por Néstor Pitrola, Myriam Bregman y Nicolás del Caño— impulsó un proyecto de ley con el objetivo de resguardar a los trabajadores de la salud y proteger los derechos de los adultos mayores. Del Plá contrapuso el ajuste en la obra social con las dificultades cotidianas que afrontan los sectores vulnerables, señalando que la quita de beneficios obliga a millones de jubilados a elegir a diario entre comprar remedios, alimentarse o abonar los servicios básicos.

El documento elaborado por el espacio político advierte que más de dos millones de beneficiarios perdieron la cobertura integral de sus tratamientos farmacéuticos desde el inicio de la actual gestión nacional. Asimismo, el informe contempla la existencia de deudas acumuladas con farmacias, clínicas y sanatorios privados, un incremento en la suspensión de turnos e intervenciones programadas, y el cierre sistemático de agencias de atención con el consecuente despido de trabajadores del organismo.

Finalmente, el proyecto exige la apertura de las cuentas públicas, contratos y convenios firmados por el PAMI para transparentar el destino de los aportes de los trabajadores y pasivos. En esa misma línea, la propuesta del FIT-U plantea la necesidad de reorganizar la conducción de la obra social, promoviendo un directorio integrado y administrado directamente por representantes electos por los propios trabajadores, jubilados y pensionados.