Karen Reichardt presentó un proyecto para regular criaderos y refugios de animales

La iniciativa de La Libertad Avanza habilita la explotación comercial de mascotas y equipara las exigencias legales entre criaderos y centros de rescate

La diputada nacional por La Libertad Avanza, Karen Reichardt, formalizó la presentación de un polémico proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa busca crear el Régimen Nacional de Presupuestos Mínimos para regular el funcionamiento, habilitación y fiscalización de criaderos, refugios y hogares de tránsito de animales de compañía en todo el país.

El texto legislativo introduce formalmente el reconocimiento de las mascotas como «seres sintientes»; sin embargo, el centro del debate radica en que el proyecto habilita y blanquea la explotación comercial de perros y gatos. Esta definición provocó un inmediato y firme rechazo por parte de organizaciones proteccionistas, que cuestionan la comercialización de vidas animales.

Sumado a la regulación de la venta, la propuesta impone un marco legal idéntico de requisitos edilicios, administrativos y de inspección tanto a los criaderos comerciales como a las organizaciones sin fines de lucro, refugios y hogares de tránsito. Diversas entidades rescatistas calificaron esta equiparación como desproporcionada, argumentando que se exige el mismo rigor a quien lucra con la reproducción de mascotas que a quienes rescatan y recuperan animales abandonados de la vía pública.

En términos operativos, el proyecto establece la obligación de contar con un director técnico veterinario en cada establecimiento, fija límites de capacidad para evitar el hacinamiento y dispone protocolos sanitarios, de emergencia y sistemas de trazabilidad e identificación. Para las instituciones dedicadas al rescate, la norma exige la castración obligatoria de los animales previa a su adopción, así como pautas mínimas de seguridad y ventilación para el traslado de las mascotas. Asimismo, prevé sanciones económicas ante incumplimientos, determinando que lo recaudado por multas sea destinado a programas estatales de tenencia responsable y bienestar animal.