El debate político en Chile alcanzó un elevado nivel de tensión tras la confirmación de que la oposición parlamentaria impulsa la creación de una comisión investigadora en el Congreso Nacional. La iniciativa busca esclarecer el alcance de las operaciones digitales implementadas por el estratega y consultor argentino Fernando Cerimedo en el país trasandino, así como determinar la existencia de presuntos nexos orgánicos, financieros o informales con el actual presidente José Antonio Kast y sectores del oficialismo. En declaraciones brindadas al programa «Mejor que mañana», el diputado chileno Daniel Manouchehri advirtió sobre la gravedad institucional que reviste la articulación de redes de desinformación orientadas a alterar el debate público, señalando que la manipulación digital mediante la instalación sistemática de falsedades constituye un atentado directo contra la integridad de las instituciones democráticas.

Las sospechas sobre el rol de Cerimedo en el mapa político chileno ganaron volumen a partir de los antecedentes de sus visitas y reuniones en el país durante hitos electorales clave. Según reveló el medio periodístico The Clinic, el consultor argentino —quien actualmente se encuentra detenido en Bolivia bajo prisión preventiva imputado por el presunto intento de femicidio de su expareja— mantuvo una presencia activa en la sede del partido Renovación Nacional durante la campaña del plebiscito constitucional de 2022. En dichas instancias, habría coincidido con dirigentes de peso como el entonces prosecretario Manuel José Errázuriz, además de referentes vinculados a la Unión Demócrata Independiente (UDI), la Fundación Jaime Guzmán, asesores del Segundo Piso de La Moneda y abogados del entorno del economista Franco Parisi.

El foco de la investigación parlamentaria no se limita al proceso constituyente de 2022, sino que se extiende de manera prioritaria al desarrollo de la campaña para las elecciones presidenciales de 2025. Al respecto, Manouchehri recordó las denuncias públicas formuladas en su momento por la entonces candidata opositora Evelyn Matthei, quien afirmó haber sido víctima de una feroz maniobra de difamación orquestada para deteriorar su imagen pública mediante difusiones que buscaban simular un cuadro de inestabilidad mental. Según los legisladores promotores de la medida, existen indicios de que dichos ataques coordinados habrían sido ejecutados por estructuras digitales asociadas al entorno directo de Kast, razón por la cual se radicó una denuncia formal ante la Justicia por parte del diputado Juan Santana para indagar la posible comisión de delitos informáticos.

Desde la perspectiva técnica y legislativa, los ejes de la investigación apuntarán a auditar de manera exhaustiva los convenios de publicidad, consultoría y comunicación digital adjudicados por la Secretaría de Comunicaciones y diversos organismos públicos. Los parlamentarios buscan corroborar si existieron contrataciones directas, triangulaciones financieras o apoyo logístico institucional hacia las firmas corporativas de Cerimedo o sus colaboradores. Asimismo, la comisión indagará sobre la presunta utilización de granjas de cuentas automatizadas («bots») y herramientas de microsegmentación diseñadas para amedrentar a dirigentes políticos, instalar tendencias artificiales en redes sociales y distorsionar el clima socioeconómico mediante la propagación acelerada de noticias falsas.

Frente al avance de la presión en el Congreso Nacional, la respuesta emitida desde el Poder Ejecutivo y el Ministerio del Interior fue categórica al negar cualquier tipo de relación contractual o registro oficial con el consultor argentino, sosteniendo que sus actividades en territorio chileno respondieron exclusivamente a iniciativas de la sociedad civil o a asesorías prestadas a clientes del sector privado. No obstante, en los ámbitos parlamentarios y académicos predomina la preocupación por los vacíos regulatorios vigentes en materia de plataformas digitales, concluyendo que la falta de fiscalización sobre las operaciones de desinformación amenaza la equidad en los procesos electorales y exige una profunda revisión de los marcos normativos del Estado.