La Quinta Presidencial atraviesa una profunda reestructuración de su personal tras la salida de más de una docena de trabajadores históricos. La medida fue justificada como un refuerzo de seguridad, pero coincide con la filtración de compras millonarias y crecientes tensiones en el entorno de Javier Milei.

La Residencia Presidencial de Olivos fue escenario de una drástica reestructuración en su personal operativo. La administración nacional decidió dar de baja a cerca de doce empleados civiles —entre los que se encontraban cocineros, mozos y personal de mantenimiento— que desempeñaban funciones en la quinta desde hacía varias gestiones.

En su lugar, el Gobierno dispuso la inmediata incorporación de personal perteneciente a las Fuerzas Armadas para hacerse cargo de la atención cotidiana de la sede oficial. De esta forma, áreas sensibles como la cocina pasaron a estar bajo la responsabilidad de efectivos militares. Oficialmente, la medida fue presentada como un esquema destinado a reforzar la seguridad del recinto.

La resolución se produjo en medio de un clima de extrema tensión interna provocado por la filtración de una orden de compra de carne destinada al consumo de la residencia por un monto superior a los 500 millones de pesos. A esta situación se sumaron sospechas manifestadas desde el entorno presidencial respecto a los controles sobre los alimentos y la seguridad en la propiedad, luego de que una de las mascotas presidenciales requiriera atención médica de urgencia dentro del predio.

La renovación afectó también a colaboradores vinculados a la Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei. Pese a que un reducido grupo de civiles permaneció en sus puestos, la abrupta salida de personal con décadas de antigüedad en la residencia oficial volvió a encender las alarmas sobre el funcionamiento interno de la sede del Poder Ejecutivo.