La jueza de EE.UU. Jia Cobb autorizó al fondo Titan Consortium a buscar y congelar bienes del Estado argentino por un monto de US$ 390 millones.

La Justicia de Estados Unidos habilitó formalmente al fondo Titan Consortium a iniciar las gestiones para solicitar el embargo de activos pertenecientes al Estado argentino en el exterior, en el marco de la condena por 390 millones de dólares derivada de la expropiación de Aerolíneas Argentinas.

La resolución fue dictada por la jueza Jia Cobb, integrante de la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia, quien autorizó a los demandantes a comenzar la búsqueda de bienes y la presentación de pedidos de congelamiento a partir de este lunes 28 de septiembre.

El avance judicial fue detallado por el analista especializado Sebastian Maril, de Latam Advisors, quien precisó que si bien el caso está radicado en los tribunales de Columbia y Nueva York, los pedidos de embargo no se limitan únicamente a dichas jurisdicciones.

La medida firmada por la magistrada estadounidense fue suscripta el pasado viernes 25 de septiembre y publicada formalmente en la plataforma digital del tribunal de apelaciones de Columbia.

En los fundamentos del fallo, la jueza argumentó que transcurrió un período prudencial suficiente desde la emisión de la orden de pago original sin que se registraran avances en el cumplimiento de la sentencia por parte del país.

Específicamente, el escrito judicial señala que durante los veintiún meses transcurridos desde la orden inicial, la República Argentina no realizó gestiones ni mostró intenciones orientadas a cancelar la deuda impuesta por el tribunal.

El recorrido judicial de la demanda

El conflicto se remonta a un laudo emitido a favor de los demandantes por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo arbitral dependiente del Banco Mundial, cuya ejecución requiere la intervención de la justicia ordinaria.

Las actuaciones se iniciaron tras la demanda promovida por el grupo español Marsans, antiguo controlador de Aerolíneas Argentinas y Austral al momento de la estatización efectuada en 2008. Posteriormente, los derechos litigiosos fueron cedidos a Burford Capital y finalmente adquiridos por Titan Consortium, firma que impulsa la ejecución del cobro en Estados Unidos desde 2021.

Aunque el CIADI falló a favor de los privados en 2017 y rechazó las solicitudes de nulidad presentadas por la defensa argentina en 2019, la causa requirió de homologación judicial en territorio norteamericano para su cobro efectivo.

De este modo, en diciembre de 2024 la justicia norteamericana convalidó el laudo arbitral e intimó a la Argentina al pago de 390,9 millones de dólares más los intereses acumulados.

Pese a que el Estado argentino apeló la resolución invocando la prescripción de la acción bajo un plazo de tres años, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia ratificó en julio de 2026 la vigencia del plazo de doce años y confirmó el monto ejecutable en US$ 390.907.115,55.

Con este nuevo pronunciamiento, la jueza Cobb dejó expedita la vía para que el fondo acreedor identifique e intente trabar embargo sobre activos comerciales del país en el ámbito internacional.