El Presidente festejó la decisión del máximo tribunal que elimina las restricciones para la venta de tierras rurales a capitales extranjeros, reabriendo una intensa controversia sobre la soberanía territorial y la atracción de inversiones internacionales.

Una nueva e intensa controversia política y económica se instaló en el centro de la agenda pública tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin efecto los condicionamientos fijados por la Ley de Tierras. La resolución del máximo tribunal, que habilita la compra libre y sin límites de campos e inmuebles rurales por parte de inversores y firmas extranjeras, fue recibida con eufórico respaldo por el presidente Javier Milei. Levando el puño en señal de victoria, el jefe de Estado celebró la medida y dejó una definición categórica respecto a su visión de mercado: «Gran fallo de la Corte, responde a la ley, las cosas pueden venderse y comprarse. Quien tenga dinero para comprar la Argentina, que la compre».

La decisión judicial implica la desarticulación del marco regulatorio que establecía un tope estricto a la extranjerización del suelo en todo el territorio nacional. Hasta esta resolución, la legislación vigente imponía un límite máximo del 15% para la tenencia de tierras rurales en manos de personas físicas o jurídicas de nacionalidad extranjera, estableciendo asimismo un techo de 1.000 hectáreas por titular en la denominada zona núcleo o sus equivalencias en las distintas jurisdicciones provinciales. Con la eliminación de estos techos normativos, el mercado inmobiliario rural queda completamente liberado a la oferta y demanda de capitales internacionales.

Desde la perspectiva del Gobierno nacional, el fallo representa una señal determinante para la atracción de inversiones y el desarrollo económico. Bajo la premisa de la libertad de comercio y la defensa irrestricta del derecho de propiedad, el oficialismo sostiene que el suelo debe ser considerado un bien transable sin interferencias del Estado ni trabas de carácter proteccionista. Según esta postura, la llegada de divisas extranjeras permitirá dinamizar la producción agropecuaria, potenciar proyectos de infraestructura y generar valor en zonas hasta ahora no explotadas.

En la vereda opuesta, la medida generó una inmediata ola de repudio e inquietud en sectores de la oposición, organizaciones ambientalistas y colectivos sociales. Diversos referentes advierten sobre los riesgos geopolíticos y ambientales que conlleva la falta de controles sobre la propiedad de la tierra, señalando que recursos estratégicos como cuencas hídricas, glaciares, zonas limítrofes y extensas superficies de la Patagonia podrían quedar bajo el dominio de corporaciones o fondos de inversión extranjeros. Para los sectores críticos, la resolución compromete seriamente la soberanía nacional y transforma al territorio en un activo financiero supeditado únicamente a la billetera de los compradores.

De esta manera, el fallo de la Corte Suprema reabre un debate histórico e ideológico sobre los modelos de desarrollo, la conservación de las reservas naturales y los límites de la venta de bienes estratégicos en el país. Entre el entusiasmo del oficialismo por la apertura irrestricta de mercados y las advertencias opositoras por el impacto en el patrimonio nacional, la desregulación de la propiedad rural promete mantenerse como uno de los temas centrales del debate político.