El gremio de los trabajadores judiciales criticó con dureza la resolución del máximo tribunal que restituyó la derogación de la norma vía DNU 70/2023 y cuestionó que se haya desconocido la legitimación activa de los excombatientes de Malvinas para litigar en defensa del territorio nacional.

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) emitió un duro pronunciamiento para expresar su categórico rechazo al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revocó la declaración de inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023. Con la firma del gremio que agrupa a las y los trabajadores del Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires y bajo el lema «La Patria no se vende», la entidad advirtió sobre las graves consecuencias que esta decisión judicial genera sobre la soberanía territorial y la protección de los bienes comunes frente a la extranjerización del suelo argentino.

En su comunicado, la organización sindical remarcó que la resolución de la Corte deja nuevamente en plena vigencia la derogación de la Ley de Tierras, eliminando en la práctica el marco normativo que fijaba límites y controles a la adquisición de campos, acuíferos y recursos naturales por parte de capitales y personas físicas extranjeras. Según manifestaron desde el sindicato, la anulación de estas protecciones legales vulnera principios históricos de resguardo patrimonial y expone al país a una entrega irrestricta de su superficie rural.

Asimismo, el gremio puso especial énfasis en la gravedad institucional de uno de los argumentos centrales sostenidos por el máximo tribunal: la denegación de legitimación procesal al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) para interponer acciones colectivas en defensa de la soberanía. «Resulta especialmente grave que la Corte haya negado legitimación al CECIM para acudir a la Justicia mediante una acción colectiva en defensa de la soberanía territorial. Quienes fueron enviados a defender nuestra soberanía en Malvinas no pueden ser deslegitimados cuando recurren a los tribunales para defenderla frente a decisiones que consideran que la ponen en riesgo», señalaron desde la AJB.

En ese marco, la entidad sindical calificó la doctrina sentada por los magistrados como un «antecedente institucional peligrosísimo», al entender que obtura la posibilidad de que la sociedad civil y las organizaciones representativas apelen al Poder Judicial para frenar medidas gubernamentales que afecten el patrimonio nacional. Del mismo modo, recalcaron que la medida judicial desconoce la masiva voluntad popular manifestada en las calles y durante los debates en el Congreso de la Nación, donde la movilización social había logrado frenar iniciativas similares dirigidas a flexibilizar la venta de tierras a extranjeros.

Finalmente, desde la Asociación Judicial Bonaerense reafirmaron el compromiso de las y los trabajadores judiciales con la defensa irrestricta de la soberanía nacional, la integridad territorial y la preservación de los recursos estratégicos del país, sumando su voz al reclamo de diversos sectores gremiales, sociales y de derechos humanos que exigen frenar la extranjerización del territorio.