El exembajador en España cuestionó la medida presentada por el Gobierno nacional en París, recordó sus antecedentes de inconstitucionalidad en la Justicia Electoral y advirtió sobre el constante avasallamiento de las atribuciones del Congreso.

El exdiputado nacional y exembajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, expresó un categórico rechazo tras el anuncio oficial del Programa de Ciudadanía por Inversión, presentado por el Gobierno nacional en la ciudad de París en el marco de las actividades de la «Argentina Week». La medida, que según la administración central busca atraer divisas y capitales extranjeros al país a cambio de facilidades en la obtención del estatus de ciudadanía, fue calificada por el dirigente político como una iniciativa degradante y jurídicamente inviable dentro del marco institucional argentino.

En declaraciones radiales brindadas al programa El Repaso, Alfonsín no ocultó su indignación ante la puesta en escena del anuncio internacional: «Me da un poco de vergüenza porque parecía una subasta», afirmó categóricamente. En esa misma línea, el dirigente radical remarcó que se trata de un mecanismo sumamente cuestionado a escala global, señalando que «en muy pocos lugares del mundo se utilizan cosas como esta» debido a las implicancias éticas, migratorias y de soberanía que conlleva la comercialización de la nacionalidad.

Más allá del cuestionamiento ético, Alfonsín centró sus críticas en las severas irregularidades normativas que rodean a la iniciativa oficial. Al respecto, recordó que en el año 2025 el Poder Ejecutivo ya había intentado implementar este esquema denominado «Adquisición de Ciudadanía por Inversión Relevante» a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). En aquel momento, la medida fue recurrida ante los tribunales y escaló hasta la Cámara Nacional Electoral, fuero que el 30 de junio de ese mismo año dictó la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta del decreto por considerar que el Ejecutivo avanzaba indebidamente sobre competencias que son exclusivas del Congreso de la Nación.

El exembajador detalló además las consecuencias operativas de aquel fallo judicial, precisando que la Cámara Electoral notificó oportunamente su resolución inconstitucional a todos los juzgados federales del país con competencia electoral y a la propia Dirección Nacional de Migraciones, organismo que el decreto pretendía designar como autoridad de aplicación para la concesión de las ciudadanías. «La iniciativa modificaba cuestiones que sólo pueden ser modificadas por el Parlamento. ¿No nos damos cuenta? ¿Tenemos que naturalizar todo esto? Nos va a ir muy mal», advirtió Alfonsín sobre el peligro institucional de pasar por alto las atribuciones del Poder Legislativo.

Finalmente, al ser consultado sobre el rol del Máximo Tribunal y la reciente resolución respecto al planteo del CECIM sobre la Ley de Tierras, el referente político dirigió sus críticas a los tiempos de la Justicia federal. «El sentido común es fuente del derecho. La Corte tenía que resolver hace dos años y medio la inconstitucionalidad de este decreto y no lo resolvió», concluyó, cuestionando la demora judicial en expedirse sobre decretos que alteran pilares fundamentales del ordenamiento normativo del país.