La bancada bonaerense de La Libertad Avanza invocó la Ley de Seguridad Interior y le reclamó al Gobierno provincial que habilite la intervención nacional para combatir el delito en los distritos más críticos, con especial foco en La Matanza.

El bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires volvió a encender el debate político y judicial al solicitar de manera formal la intervención de las Fuerzas Federales de Seguridad en el territorio bonaerense. La iniciativa busca reforzar de manera inmediata el patrullaje y la presencia de efectivos en los municipios que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad e índices delictivos críticos, en medio de crecientes reclamos ciudadanos por hechos de violencia urbana y criminalidad organizada.

Para fundamentar el pedido, la bancada libertaria se amparó formalmente en las facultades otorgadas por los artículos 23 y 24 de la Ley Nacional de Seguridad Interior N° 24.059. En ese marco normativo, los legisladores exhortaron de forma directa al Poder Ejecutivo provincial, encabezado por el gobernador Axel Kicillof, a requerir de manera oficial al Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Alejandra Monteoliva, la presencia y el despliegue operativo de los cuerpos federales en las zonas más golpeadas por la delincuencia.

En los argumentos vertidos en la presentación, los representantes de la escudería violeta enfatizaron que la responsabilidad primaria en materia de seguridad ciudadana dentro del territorio provincial corresponde al Gobierno bonaerense. Sin embargo, remarcaron que dicho compromiso constitucional no puede ser relativizado ni diluido en momentos donde amplias franjas de la población padecen niveles alarmantes de violencia criminal. Ante este escenario, exigieron que la administración de Kicillof ponga a disposición todos los instrumentos institucionales y legales disponibles para resguardar la vida, la libertad y la propiedad privada de los bonaerenses.

Desde la bancada parlamentaria explicaron que los artículos 23 y 24 de la normativa nacional prevén de manera expresa la posiblidad de convocar el auxilio de las fuerzas de seguridad nacionales cuando circunstancias de marcada gravedad pongan en riesgo inminente los bienes esenciales y la integridad de la comunidad. En esa línea, los legisladores insistieron en que el Gobernador no dispone de «ninguna razón válida» para renunciar a esta herramienta técnica por diferencias ideológicas, disputas de competencia jurisdiccional o meras especulaciones de tipo partidario, sosteniendo que cuando la capacidad de respuesta de la policía provincial resulta insuficiente, la única vía responsable es la articulación y coordinación entre jurisdicciones.

El planteo de los diputados bonaerenses se inscribe además como un correlato directo de las declaraciones formuladas en febrero de 2025 por el presidente Javier Milei. En aquel momento, tras el conmocionante homicidio de Kim Gómez —la niña de 7 años asesinada en La Plata a manos de dos delincuentes menores de edad—, el jefe de Estado había solicitado la renuncia del mandatario provincial y propuesto abiertamente la intervención de la provincia de Buenos Aires, argumentando la existencia de un «baño de sangre» y señalando lo que consideró una manifiesta incompetencia de la gestión bonaerense en materia de prevención del delito.

En esta oportunidad, los legisladores de LLA respaldaron su reclamo exhibiendo datos estadísticos oficiales vinculados a la tasa de homicidios. Según las cifras elaboradas por el Ministerio Público bonaerense, el partido de La Matanza —administrado por el intendente Fernando Espinoza— registra una tasa de 8,02 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes, posicionándose como la cifra más elevada de toda la provincia de Buenos Aires. Para dar dimensión a la disparidad, la bancada precisó que el conjunto conformado por los departamentos del Conurbano, La Plata y Mar del Plata registró una media de 5,2 homicidios cada 100.000 habitantes, mientras que en los distritos del interior la tasa descendió al 2,6, quedando La Matanza marcadamente por encima del promedio general.

Frente a estas métricas, el bloque de La Libertad Avanza insistió en que el envío y concentración de los recursos federales debe priorizar a los municipios calificados como «zonas calientes». Finalmente, los diputados concluyeron que la seguridad de los vecinos no puede permanecer subordinada al cálculo político ni a la defensa corporativa de una gestión gubernamental, advirtiendo que la cooperación institucional no implica resignar atribuciones, sino actuar con responsabilidad republicana para devolverle a los ciudadanos el derecho a transitar, trabajar y vivir en paz.