La diputada nacional de La Libertad Avanza busca eliminar los plazos de prescripción en delitos gravísimos e imprescribir las penas máximas. La iniciativa reavivó duras críticas sobre su falta de formación jurídica y su pasado mediático.

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Virginia Gallardo, se colocó en el centro de la controversia política tras presentar formalmente un proyecto de ley destinado a modificar el Código Penal de la Nación. La iniciativa, que cuenta con el respaldo de la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, y de bloques aliados, busca impedir la prescripción de aquellos delitos que conllevan la pena de prisión perpetua, además de unificar criterios para el endurecimiento general de los castigos.

El proyecto redactado por Gallardo se inserta de lleno en la agenda de «mano dura» que el oficialismo busca impulsar de cara al próximo calendario electoral. Según revelaron fuentes del bloque libertario, la propuesta constituye el primer paso de un paquete legislativo más amplio que el Poder Ejecutivo pretende debatir tema por tema en la Cámara de Diputados antes de fin de año, buscando consolidar una posición intransigente frente al delito.

Desde el entorno oficialista intentaron justificar la propuesta argumentando que el texto fue redactado por «una persona común» y no por «juristas de la academia», pretendiendo exhibir una supuesta sintonía con las víctimas de la delincuencia. Sin embargo, la justificación encendió de inmediato severas advertencias entre juristas, constitucionalistas y sectores de la oposición, quienes denunciaron la peligrosidad de improvisar reformas en el texto penal sin el rigor técnico ni el marco conceptual que exige la materia.

La irrupción de la ex vedette en la formulación de leyes de fondo reabrió el debate sobre la idoneidad y preparación de los representantes parlamentarios. Gallardo, cuya carrera se construyó de manera exclusiva en las pasarelas del teatro de revista, las producciones del espectáculo y el panelismo de chimentos, carece de cualquier tipo de formación académica en derecho, gestión pública o ciencias políticas, lo que provocó agudas objeciones respecto de la banalización de la tarea legislativa.

En este marco, diversos sectores recordaron la génesis de su salto a la notoriedad pública, indisolublemente ligada a su mentada relación con el empresario Ricardo Fort. Aquella etapa, que le sirvió de trampolín para instalarse en la farándula, quedó expuesta años más tarde tras los testimonios del propio entorno familiar del chocolatero. Fue la propia hija del empresario, Martita Fort, quien reveló públicamente la verdad detrás del vínculo al confirmar que su padre era homosexual y que le pagaba un sueldo a Virginia Gallardo para que actuara como su novia frente a las cámaras y mantuviera las apariencias ante la opinión pública.

Las repercusiones por la presentación de Gallardo continúan sumando capítulos en los pasillos del Congreso. Mientras el oficialismo pretende apurar el trámite parlamentario en las comisiones para llevar la iniciativa al recinto en las próximas semanas, las grietas técnicas expuestas por los especialistas y el controvertido perfil de su autora amenazan con transformar el debate penal en un duro enfrentamiento político y mediático