El legislador de La Libertad Avanza, Alberto «Bertie» Benegas Lynch, quedó en el centro de una severa controversia política y social tras la difusión de categóricas declaraciones vinculadas a la comercialización de inmuebles rurales a compradores internacionales. Durante una intervención que rápidamente cobró trascendencia en la agenda pública, el referente libertario sentenció: «Cualquiera preferiría vender las tierras a un europeo, norteamericano o israelí que a un sudaca, no me generan confianza». Sus manifestaciones desataron un inmediato repudio en diversos sectores parlamentarios y de la opinión pública por su carácter despectivo hacia los ciudadanos de la región.

El trasfondo de las declaraciones adquiere una dimensión particular al constatarse la actividad privada del dirigente dentro del mercado inmobiliario y financiero. Según registros comerciales y de la propia causa, Benegas Lynch figura como socio gerente de la firma Glocal Terra SRL, una compañía dedicada de forma específica a prestar servicios de consultoría, asesoramiento y gestión para inversores extranjeros interesados en adquirir propiedades y campos en territorio argentino. Esta dualidad entre su labor parlamentaria y sus intereses comerciales privados reavivó los cuestionamientos sobre un directo conflicto de intereses al momento de debatir marcos normativos sobre la propiedad de la tierra en el país.

El debate estalla en un contexto legislativo donde la regulación sobre la tenencia de campos por parte de capitales foráneos se encuentra bajo permanente discusión. Tras los intentos del Poder Ejecutivo y del bloque oficialista por derogar o modificar los preceptos de la Ley de Tierras (Ley 26.737) —normativa orientada a fijar límites a la extranjerización de recursos naturales y suelo nacional—, el capítulo correspondiente a la liberalización inmobiliaria rural encontró marcadas resistencias y reveses en el ámbito del Senado.

Las reacciones opositoras no se hicieron esperar, señalando que las expresiones del legislador reflejan un doble rasgo problemático: por un lado, una postura que desprecia a la población latinoamericana y local; por el otro, la utilización de la función pública para promover iniciativas desreguladoras que benefician de forma directa a la cartera de clientes de su propia consultora privada. Mientras las críticas se multiplican en el Congreso, el episodio reabre la discusión sobre la ética pública, los límites del lobby privado en la política y el destino de los recursos estratégicos del país.