Un informe del CEPA basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo revela un fuerte retroceso en el entramado productivo privado desde fines de 2023. Solo en julio de 2026 cerraron casi mil empleadores adicionales.

Un contundente y preocupante cuadro sobre la dinámica del mercado de trabajo y el entramado empresarial privado volvió a encender las alarmas en el ámbito económico nacional. De acuerdo con datos oficiales procesados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la base de los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), la Argentina perdió 32.290 empleadores con personal registrado y 437.611 puestos de trabajo formales durante el período comprendido entre noviembre de 2023 y julio de 2026.

Las estadísticas del informe técnico exponen una reducción porcentual del 6,3% en la cantidad total de unidades productivas con trabajadores debidamente declarados, combinada con un derrumbe del 4,4% en el empleo registrado. Detrás de esta contracción se esconde el cierre definitivo de miles de establecimientos comerciales, industriales y de servicios, así como la expulsión de cientos de miles de asalariados que quedaron desocupados o fueron desplazados hacia la informalidad.

La tendencia al deterioro de los indicadores laborales no mostró signos de desaceleración en el tramo más reciente. Durante el mes de julio de 2026, último período consolidado en el relevamiento, se contabilizaron 948 empleadores menos en el país y una pérdida neta de 3.485 puestos de trabajo formales en comparación con el mes previo.

Evolución del entramado productivo y el empleo registrado

La comparación histórica de los registros permite dimensionar el alcance de la recesión en la actividad privada. En noviembre de 2023, con anterioridad a la asunción de la actual administración nacional, el sistema contabilizaba 512.357 unidades productivas con personal en blanco. Para julio de 2026, ese universo se contrajo hasta alcanzar los 480.067 empleadores.

De forma paralela, el volumen general de empleos formales experimentó una retracción de igual magnitud. Los puestos de trabajo cubiertos pasaron de 9.857.173 en noviembre de 2023 a 9.419.562 hacia julio de 2026, consolidando la pérdida absoluta de 437.611 empleos registrados en el sistema de riesgos del trabajo.

El análisis evolutivo elaborado por los especialistas del CEPA muestra que el proceso de destrucción de unidades productivas y puestos de trabajo se sostuvo de manera continuada desde marzo de 2024. Si bien la curva registró una desaceleración transitoria durante determinados meses del año 2025, la tendencia negativa retomó impulso a lo largo de 2026.

El impacto en el consumo interno y la pequeña empresa

Los datos recopilados por los organismos oficiales ponen en cuestionamiento los postulados que señalaban que el proceso de ajuste fiscal y desregulación económica derivaría en una rápida expansión de la actividad privada en su conjunto. Mientras el programa gubernamental focaliza sus expectativas de recuperación en sectores intensivos en capital como la energía, la minería y el agro, el tejido empresarial PyME que concentra la mayor parte del empleo en las ciudades continúa contrayéndose.

Desde la versión oficial se suele encuadrar esta mutación del mercado laboral dentro de un proceso de reconfiguración económica que daría mayor protagonismo al trabajo independiente y a las nuevas modalidades prestacionales. Sin embargo, los analistas advierten que la destrucción neta de empleo asalariado formal no puede interpretarse como una reconversión exitosa sin evidencia cuantitativa que demuestre que esos trabajadores migraron hacia ocupaciones de igual calidad e ingresos.

El retroceso de los empleadores y el empleo registrado se produce en un contexto donde la caída de la demanda y del consumo interno afecta de manera directa a los comercios de cercanía, las industrias manufactureras y las pequeñas empresas. Aquellas firmas con menor capacidad de financiamiento y sin espaldas para atravesar ciclos recesivos prolongados han encontrado severas dificultades para sostener sus plantillas de personal y mantener sus puertas abiertas.

El balance trazado entre fines de 2023 y mediados de 2026 refleja un escenario complejo para el sector privado. La discusión pública trasciende así el nivel de achicamiento del gasto público estatal, poniendo en el centro del debate la sustentabilidad del tejido productivo y las condiciones de empleo de los trabajadores que impulsan la economía cotidiana en el país.