Un informe de la Auditoría General de la Ciudad reveló que el Gobierno porteño reasignó en 2025 más de $25.000 millones del programa que distribuye computadoras en las escuelas públicas. Casi la mitad de esos fondos pasaron al área de comunicaciones policiales, mientras que el presupuesto educativo sufrió un recorte neto del 30% con serias falencias de planificación y control.

La Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (AGCBA) dio a conocer un lapidario informe sobre la gestión de la Subsecretaría de Tecnología Educativa respecto del «Plan Sarmiento» durante el ejercicio fiscal 2025, correspondiente a la gestión del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. El relevamiento oficial detectó un drástico recorte presupuestario del 30% en el programa informático escolar y reveló que casi el 50% de los recursos económicos previstos originalmente para la adquisición de dispositivos tecnológicos educativos fueron transferidos de forma directa a la Policía de la Ciudad.

El estudio auditor pone el foco en el cambio de orientación que experimentó la iniciativa desde principios de 2018, cuando la administración de Horacio Rodríguez Larreta dispuso que los equipos informáticos dejaran de entregarse a cada estudiante en mano para su uso en el hogar y pasaran a permanecer guardados en los establecimientos escolares, en sintonía con el desmantelamiento del Programa Conectar Igualdad a nivel nacional. Sin embargo, bajo la conducción actual de Jorge Macri, la política hacia el sector profundizó el desguace financiero del programa de alfabetización digital.

Transferencias millonarias a la policía y falta de recursos en las aulas

De acuerdo con las precisiones brindadas por la presidenta de la Auditoría porteña, Mariana Gagliardi, en noviembre de 2025 el Gobierno de la Ciudad concretó una reasignación presupuestaria por un total de $25.386 millones pertenecientes a las partidas del Plan Sarmiento. De esa partida global, $11.752 millones fueron derivados de forma directa al sistema de comunicaciones de la Policía de la Ciudad.

Dicha transferencia de fondos del área educativa a la fuerza de seguridad porteña equivale al 46,29% del presupuesto reasignado. Tras auditar el destino final del resto de las partidas presupuestarias hacia otras dependencias públicas, el organismo de control constató una cifra contundente: menos del 1% del dinero derivado permaneció dentro de la órbita de la educación pública porteña.

Asimismo, la auditoría confirmó que el Gobierno de la Ciudad ejecutó una quita neta del 30% sobre el presupuesto total asignado al programa durante el período 2025, en un contexto donde las comunidades educativas reclaman de forma constante por la falta de conectividad y la escasez de equipos en las aulas.

Deficiencias en la planificación, giros en dólares y falta de controles

Más allá del desvío de recursos y el ajuste de las partidas, el informe de la AGCBA enfatizó severas irregularidades en la planificación estratégica del Proyecto Plan Sarmiento. Uno de los puntos más críticos señalados por el organismo fiscalizador radica en la utilización del Memorándum de Acuerdo firmado entre el Gobierno de la República Argentina, el Ministerio de Educación de la Ciudad y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) como mecanismo de contratación internacional de equipamiento.

Al cierre del ejercicio analizado, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró desembolsos acumulados por un total de 197.295.015 dólares destinados a dicho acuerdo. No obstante, la rendición presentada por el organismo internacional (UNOPS) contabilizó ingresos por 195.813.292 dólares para el mismo período. Esta inconsistencia contable arrojó una diferencia no justificada de 1.481.723 dólares (un desvío equivalente al 0,75%), sin que el Estado porteño haya realizado controles administrativos para verificar el cumplimiento de la normativa vigente en el registro de las transferencias en divisa extranjera.

Por otra parte, Mariana Gagliardi advirtió sobre la ausencia de metodologías de evaluación de impacto. “Encontramos un programa sin metas concretas ni evaluación de resultados. Si bien se pudo verificar la entrega de netbooks y tablets a las escuelas, faltó documentación para seguir el recorrido de otros equipos adquiridos, como los destinados al centro TUMO. La Ciudad paga por adelantado, pero no garantiza controles suficientes sobre las compras”, explicó la auditora.

Ante los hallazgos de la investigación, desde la auditoría exigieron explicaciones públicas al Ejecutivo porteño sobre el motivo por el cual se recortan recursos destinados a la tecnología escolar mientras se mantienen severas fallas de transparencia, trazabilidad y control en las licitaciones públicas.