El oficialismo impidió que la oposición habilitara la sesión especial en la Cámara baja tras reunir solo 121 presentes sobre los 129 requeridos. Las ausencias de diputados vinculados con los gobernadores Osvaldo Jaldo, Maximiliano Pullaro y Carlos Sadir, sumadas a inasistencias dentro del propio peronismo, impidieron que se completara el trámite legislativo para derogar el megadecreto impulsado por el Poder Ejecutivo.

El gobierno nacional que encabeza el presidente Javier Milei consiguió evitar este jueves 15 de octubre que la Cámara de Diputados de la Nación avanzara con el rechazo definitivo del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. La sesión especial convocada por un heterogéneo abanico de bloques opositores fracasó al no alcanzar el quórum legal necesario: únicamente 121 legisladores se sentaron en sus bancas, quedando a ocho presencias de los 129 diputados indispensables para abrir el debate.

El resultado parlamentario estuvo severamente condicionado por las ausencias estratégicas de legisladores alineados con gobernadores provinciales —con especial incidencia de los mandatarios de Tucumán, Santa Fe y Jujuy—, además de inasistencias registradas en bancadas dialoguistas e inclusive dentro de las filas del propio peronismo.

De esta forma, La Libertad Avanza logró preservar la vigencia del histórico megadecreto de desregulación económica, el cual ya había sido rechazado por el Senado en marzo de 2024 y requería un segundo pronunciamiento negativo en la Cámara baja para quedar formalmente derogado de acuerdo con la normativa vigente. La puja por el quórum en el recinto de Congreso de la Nación se dio de manera simultánea con una importante movilización sobre la avenida Entre Ríos, integrada por agrupaciones universitarias, centrales sindicales y movimientos sociales que se concentraron para reclamar por financiamiento educativo.

Matemática parlamentaria: los ocho votos que marcaron la diferencia

La citación a la sesión especial había sido pautada para las 14:00. No obstante, media hora después del horario reglamentario, el tablero electrónico de la Cámara de Diputados ratificó que la oposición no lograba conseguir el número mínimo de legisladores para iniciar la labor parlamentaria. El conteo final de 121 presentes sobre 129 dejó truncada la posibilidad de debatir el DNU 70/2023 y los restantes proyectos incluidos en la orden del día.

Para consolidar el bloqueo, la bancada oficialista de La Libertad Avanza combinó la ausencia de sus propios representantes con el repliegue coordinado de espacios aliados, entre los que se destacaron el PRO, diversos sectores de la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y bloques provinciales. Asimismo, resultaron determinantes las inasistencias registradas dentro de la bancada Provincias Unidas y de aquellos legisladores vinculados directamente con ejecutivos provinciales que sostienen canales abiertos de negociación con la Casa Rosada.

Desde el punto de vista estrictamente legal, la falta de quórum impidió que se sometiera a votación la validez del decreto. Por consiguiente, el desenlace no configura una ratificación parlamentaria explícita de sus contenidos, sino que mantiene el statu quo legislativo y la vigencia del texto de la norma.

El rol decisivo del tucumano Jaldo

Entre las ausencias de mayor impacto político dentro del recinto sobresalieron las de los tres miembros del bloque Independencia, espacio directamente alineado con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Los diputados Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Fernández no bajaron al recinto, a pesar de que durante las horas previas habían mantenido febriles negociaciones con referentes opositores para evaluar su ingreso.

Los tres parlamentarios tucumanos sostuvieron diálogos abiertos hasta la última hora de la noche del miércoles, pero finalmente optaron por no colaborar con la apertura del debate. Si los integrantes del bloque Independencia hubieran dado quórum, la cuenta de la oposición habría trepado a 124 bancas ocupadas, permaneciendo aún por debajo del piso pero acortando de forma sustancial la distancia hacia el número necesario. La postura del tucumano volvió a ratificar el rol clave de los gobernadores para obturar o viabilizar iniciativas en el Congreso.

Provincias Unidas y la incidencia de Pullaro y Sadir

Otro de los andariveles centrales de la frustrada jornada parlamentaria se concentró en la conducta de Provincias Unidas, un armado que anotó ocho inasistencias en el tablero, una cifra idéntica a la masa de diputados que la oposición necesitaba para habilitar la discusión.

Dentro del listado de inasistentes destacaron Gisela Scaglia y José Núñez, representantes de la provincia de Santa Fe conducida por el gobernador Maximiliano Pullaro. De igual modo se ausentaron Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, diputados vinculados al mandato del gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. El caso de la legisladora Zigarán revistió una singularidad particular, dado que había acompañado con su firma la propia solicitud de convocatoria a la sesión especial, aunque al momento de la contabilización no ocupó su banca.

El listado de bajas en Provincias Unidas se completó con las ausencias de Alejandra Torres (Córdoba), Jorge Capozzi (Río Negro), Jorge Ávila (Chubut) y la mendocina Lourdes Arrieta. Si bien no todas las faltas obedecieron a una conducción unificada ni respondieron a los mismos motivos, su efecto práctico fue concluyente para sellar la caída de la sesión.

Las grietas en la bancada de Unión por la Patria

El ausentismo también salpicó al bloque opositor de Unión por la Patria. A pesar de contar con la estructura más numerosa de la Cámara baja, la bancada no logró garantizar la asistencia perfecta de sus integrantes. Entre los ausentes se contabilizaron a la santiagueña Estela Neder y al fueguino Agustín Tita.

En el caso de Neder, la diputada había notificado con anterioridad que padecía un compromiso de índole familiar que le impediría presentarse en la Capital Federal. En cuanto a Tita, legislador referenciado en el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, su falta dejó al descubierto las complejidades que enfrentó la conducción opositora para abroquelar a la totalidad de sus huestes. En contraposición, los legisladores salteños Bernardo Biella y Pablo Outes sí decidieron dar quórum y bajar al recinto, despejando los interrogantes previos respecto a cómo jugarían los nombres referenciados en el gobernador salteño Gustavo Sáenz.

La estrategia oficialista y la disputa por la Ley de Tierras

La caída de la sesión estuvo antecedida por una serie de maniobras tácticas desplegadas por la Casa Rosada y los principales articuladores parlamentarios de La Libertad Avanza. Uno de los movimientos bisagra fue la obtención de un dictamen favorable en comisiones para el proyecto denominado de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, iniciativa impulsada con el propósito explícito de restituir los alcances de la Ley de Tierras Rurales.

Esta estrategia buscó edificar una alternativa legislativa específica frente al rechazo llano del DNU 70/2023, cuya redacción en el artículo 154 había dispuesto la derogación total de la norma que fijaba límites a la compra de tierras en suelo argentino por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.

El oficialismo logró dictaminar la restitución de la Ley de Tierras de forma paralela a sus negociaciones cruzadas para hacer caer la sesión en la Cámara baja. Dicho curso de acción formó parte de los acuerdos entablados con sectores parlamentarios que objetaban puntualmente la desregulación en la venta de tierras rurales pero que no pretendían voltear la totalidad del articulado del DNU de desregulación económica. Mientras el Poder Ejecutivo proponía reordenar puntos específicos mediante proyectos de ley individuales, los bloques opositores presionaban para que Diputados completara el rechazo definitivo iniciado en la Cámara alta en marzo de 2024.

El panorama legislativo del DNU y los proyectos postergados

Con el fracaso del debate en el recinto, el DNU 70/2023 mantendrá su plena vigencia normativa a la espera de un eventual tratamiento futuro. Conforme al régimen de control de decretos contemplado en la Ley 26.122, se requiere el rechazo expreso de ambas cámaras del Congreso para dejar sin efecto una medida de estas características. Dado que únicamente el Senado se ha pronunciado en contra, la situación del megadecreto permanecerá sin cambios parlamentarios.

Adicionalmente, el alcaecimiento de la sesión impidió el tratamiento de otras iniciativas de tenor social que figuraban en el temario de la convocatoria, tales como la declaración de la emergencia en materia de discapacidad y la creación de programas de auxilio para el endeudamiento de las familias. El desenlace representó una clara victoria política para el oficialismo al desactivar un escenario adverso en el Congreso, en tanto que para los bloques de la oposición revalidó la complejidad de construir consensos con los espacios provinciales y los gobernadores del interior.