La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín desestimó de manera categórica dos planteos presentados por la defensa técnica de José Luis Espert en el marco de la investigación penal que se le sigue por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Con esta resolución, el tribunal dejó plenamente vigentes las medidas de prueba que habían sido impugnadas por el exlegislador, permitiendo que la pesquisa judicial avance sin los obstáculos ni los frenos procesales que intentó imponer en los tribunales federales.

La decisión de la alzada fue suscripta por los jueces camaristas Néstor Pablo Barral y Alberto Agustín Lugones, quienes rechazaron las pretensiones de nulidad formuladas por los letrados de Espert. El dictamen judicial ratificó el rumbo de las diligencias instruidas en el fuero federal para echar luz sobre el patrimonio del referente liberal y los oscuros vínculos financieros detrás de sus campañas políticas.

Los manotazos de ahogado de la defensa y la respuesta de la Cámara

Entre las objeciones presentadas ante la alzada, la defensa de Espert pretendió descalificar el accionar del fiscal federal Rodolfo Domínguez, alegando que el funcionario había dispuesto la toma de testimonios y la producción de medidas probatorias con posterioridad a la declaración indagatoria sin notificar previamente a las partes. Asimismo, cuestionaron los pedidos de información patrimonial elevados sobre el propio exdiputado, su pareja y su círculo cercano, a quienes intentaron calificar como personas «ajenas al proceso».

En su recurso, los abogados defensores llegaron a impugnar la incorporación de informes clasificados de inteligencia —asegurando no haber tenido acceso a los mismos— y solicitaron la anulación de los peritajes sobre teléfonos celulares y dispositivos electrónicos incautados en los procedimientos, bajo el pretexto de que no se les había permitido nombrar un perito de parte.

Sin embargo, los camaristas Barral y Lugones pulverizaron las pretensiones de la defensa al fundamentar que «los actos procesales impugnados se han desenvuelto con arreglo a la normativa aplicable, sin que se vislumbren vicios que impliquen afectaciones a los derechos constitucionales en juego».

En el mismo fallo, el tribunal ratificó al fiscal Domínguez al frente de la instrucción, desestimando la recusación por presunta «pérdida de objetividad» promovida por Espert. Este pedido de apartamiento ya había sido rechazado en primera instancia por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de San Isidro durante el mes de agosto, y ahora fue cerrado definitivamente por el juez Lugones al negarse a revisar dicha resolución.

El financiamiento narco, el nexo con «Fred» Machado y la sospecha de un contrato simulado

La investigación por presunto lavado de activos contra José Luis Espert tiene su foco central en la percepción de un polémico pago de US$ 200.000 registrado en el año 2020. La Justicia investiga si dicha suma de dinero provino directamente del empresario Federico “Fred” Machado, quien fue detenido y extraditado a los Estados Unidos bajo graves acusaciones internacionales por delitos vinculados al narcotráfico y la legitimación de activos provenientes del crimen organizado.

Mientras Espert ensayó como justificación pública que la abultada cifra en dólares respondió a los honorarios por un supuestos «contrato de consultoría», la Fiscalía sospecha de la existencia de un acuerdo simulado diseñado para bancarizar fondos de origen ilícito y darles apariencia de legalidad dentro de la actividad política. La confirmación de las medidas de prueba por parte de la Cámara Federal despeja el camino para que los peritos contables y los investigadores analicen en detalle la ruta del dinero y definan la situación procesal de Espert en la causa.