En un contundente pronunciamiento institucional que eleva la tensión entre el movimiento obrero organizado y los poderes públicos, la Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) expresó su más enérgico repudió ante la detención de los referentes sindicales Néstor Segovia, Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia, integrantes del Secretariado de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP). Las aprehensiones se llevaron a cabo en la estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B, en plenos puestos de trabajo y mientras los trabajadores ejercían medidas de fuerza en rechazo a las suspensiones arbitrarias y al avance de la tercerización en el área de mantenimiento.

A través de un comunicado firmado por su Consejo Directivo con fecha 20 de octubre de 2026, la entidad conducida por el gremio de la alimentación remarcó que las detenciones no representan un hecho aislado dentro del panorama político y social del país, sino que se inscriben dentro de un proceso en aumento orientado a la criminalización de la protesta social y la persecución sindical. Desde la FTIA advirtieron que este accionar busca imputar y procesar a numerosos representantes gremiales por el simple ejercicio de acciones que constituyen derechos de jerarquía constitucional y convenios internacionales.

En ese sentido, la organización fundamentó el carácter legítimo de las protestas al señalar que el ejercicio del derecho de huelga se halla explícitamente amparado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Por este motivo, remarcaron que el intento de judicializar la labor de defensa de los puestos de trabajo avasalla el marco normativo vigente.

Disciplinamiento social, memoria histórica y exigencias a los poderes del Estado

Si bien los dirigentes gremiales del Subte fueron puestos en libertad tras permanecer demorados durante varias horas por las fuerzas de seguridad, la Federación advirtió que la liberación posterior no diluye la gravedad institucional del episodio ni la intencionalidad del mensaje gubernamental. Para la conducción del gremio de la alimentación, el despliegue policial en las instalaciones del Subte persigue un claro objetivo de disciplinamiento sobre aquellos sectores de la clase trabajadora que se organizan para defender sus condiciones laborales y la libertad sindical.

En uno de los tramos más severos del documento público, el Consejo Directivo de la FTIA equiparó las metodologías represivas actuales con las páginas más oscuras de la historia nacional. Desde la federación sostuvieron de forma categórica que este tipo de accionar represivo retrotrae a la sociedad argentina a los tiempos de la última dictadura militar, período en el cual la actividad sindical y el derecho de huelga eran tipificados como delitos de derecho penal y perseguidos mediante la prohibición de la acción gremial y la desaparición forzada de personas.

Finalmente, la FTIA ratificó su plena solidaridad con Néstor Segovia, Claudio Dellecarbonara, Facundo Heredia y el conjunto de los trabajadores representados por la AGTSyP. Asimismo, la federación dirigió un firme llamado de atención a las autoridades judiciales y políticas del Estado para que se abstengan de forma inmediata de repetir este tipo de medidas represivas contra el movimiento obrero