En el marco de una nueva escalada en sus políticas de mano dura y control social, el Gobierno ultraconservador de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, aprobó un severo decreto de seguridad que endurece drásticamente las sanciones contra las manifestaciones callejeras. La normativa, impulsada tras los recientes disturbios registrados en el norte del país europeo, crea una figura penal específica para la protesta colectiva con castigos que alcanzan hasta los cinco años de prisión efectiva y multas económicas que ascienden a los € 20.000.

La medida aprobada por el Consejo de Ministros tipifica el delito de participación violenta en manifestaciones públicas. La figura penal alcanza a aquellas personas que, integrando un grupo de cinco o más manifestantes, arrojen piedras, petardos, palos u otros elementos que pongan en peligro la seguridad en la vía pública. Asimismo, la ley establece un agravamiento sustancial de las penas en aquellos casos donde los participantes mantengan el rostro cubierto, provoquen lesiones a terceros o participen en destrozos a la propiedad pública o privada.

A través de un mensaje grabado y publicado en sus canales oficiales, Meloni celebró la aprobación del paquete punitivo expresando: «Hoy nace un nuevo delito: la participación violenta en una manifestación». En el mismo video, la mandataria italiana apeló a una retórica punitivista dirigida a los sectores populares y juveniles: «Quien rompe paga y, si quien rompe es menor de edad, pagan sus padres».

Detención preventiva de menores, responsabilidad de los padres y despliegue militar

Uno de los aspectos más cuestionados de la normativa radica en la amplia extensión de las facultades otorgadas a las fuerzas de seguridad sobre las infancias y juventudes. A partir de la vigencia del decreto, las agencias policiales quedan facultadas para retener de manera preventiva y sin orden judicial, durante un plazo máximo de 12 horas, a menores de entre 14 y 17 años de edad ante la mera sospecha de que puedan representar un peligro para el orden público, incluso si no han cometido infracción ni delito alguno.

De manera complementaria, el Ejecutivo italiano habilitó resortes judiciales y administrativos para exigir reparaciones económicas por los daños ocasionados durante las marchas. En los casos donde los involucrados sean menores de edad, la responsabilidad financiera recaerá directamente sobre sus progenitores, medida que la gestión gubernamental justificó bajo la doctrina de la responsabilidad familiar.

El paquete de medidas surge como respuesta oficial a los episodios de protesta y tensión social registrados en urbes industriales del norte italiano, con especial epicentro en la ciudad de Milán, donde se produjeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, saqueos a comercios y destrozos materiales que terminaron con un saldo de efectivos policiales heridos. Frente a este panorama, el Gobierno dispuso además el envío y despliegue de 500 efectivos militares adicionales en las calles milanesas hasta fines de 2026 para patrullar puntos estratégicos.

Las medidas encendieron de inmediato las alarmas de las fuerzas de la oposición política, centrales sindicales y organizaciones de derechos humanos en Italia, quienes advirtieron sobre el peligroso avance del Estado sobre el derecho a la protesta social, la libertad de expresión y la criminalización de la juventud. Pese a la controversia, el decreto presidencial entró en vigencia de forma inmediata, aunque deberá someterse a la ratificación del Parlamento italiano dentro de los plazos fijados por la Constitución.