Al cumplirse exactamente un año de la sanción histórica de la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso de la Nación, el sistema de educación superior de la República Argentina atraviesa uno de los momentos más dramáticos y oscuros de su historia reciente. En una abierta rebeldía institucional que vulnera la división de poderes y desoye de forma sistemática los fallos de la Justicia Federal, la administración ultraderechista de Javier Milei insiste en pisar los fondos, recortar los salarios docentes y desfinanciar las becas estudiantiles, sosteniendo un ahogamiento presupuestario premeditado sobre las 59 universidades nacionales que funcionan a lo largo y ancho del país.

La normativa, que fuera impulsada con un abrumador consenso político y social para garantizar el funcionamiento operativo de los claustros, actualizar los ingresos de los trabajadores y proteger el derecho a la educación superior de los sectores populares, fue objeto de una constante persecución por parte del Poder Ejecutivo. Tras el fallido intento de la Casa Rosada de anular la ley mediante un veto presidencial que terminó ratificado y sepultado en el Parlamento por mayorías agravadas, el oficialismo apeló a triquiñuelas administrativas y decretos antojadizos para bloquear de forma de facto la transferencia de las partidas aprobadas.

Frente a la arbitrariedad libertaria, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la totalidad de las casas de altos estudios del país presentaron un amparo colectivo para defender la institucionalidad democrática. La respuesta de la Justicia no dejó margen para las especulaciones: el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el decreto del Ejecutivo por tratarse de un mecanismo «extraconstitucional» e irrazonable diseñado únicamente para eludir el mandato soberano del Congreso, ordenando la inmediata aplicación de la ley y el giro correspondiente de los recursos.

Desacato oficial, multas a Santilli y cinco marchas federales multitudinarias

A pesar de la contundencia del fallo de primera instancia y su posterior ratificación en la Cámara de Apelaciones —expediente que ya escala hacia los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación—, la administración de La Libertad Avanza optó de forma desafiante por la vía de la desobediencia judicial. La contumacia del Gobierno ante los mandamientos de la ley obligó al juez Cormick a efectivizar sanciones económicas directas: dispuso aplicar astreintes por $100.000 diarios en cabeza del jefe de Gabinete, Diego Santilli, como responsable político directo del congelamiento presupuestario. No obstante, desde los gremios y las rectorías advirtieron que tales penalidades resultan insignificantes frente a la intencionalidad ideológica del oficialismo de asfixiar financieramente a la universidad pública, gratuita, federal y de calidad.

En respuesta a la intransigencia del Poder Ejecutivo y el desprecio hacia la ley, la comunidad universitaria construyó un frente de resistencia histórico que ya acumula cinco masivas Marchas Federales Universitarias. En cada una de estas convocatorias, cientos de miles de estudiantes, docentes, no docentes, investigadores, familias, centrales sindicales y partidos políticos de la oposición salieron a las calles en todos los rincones de la Argentina para alzar la bandera de la educación pública frente a la motosierra gubernamental.

La última de estas demostraciones populares, desarrollada de manera multitudinaria en las inmediaciones del Congreso Nacional, expuso nuevamente la cara más violenta y autoritaria de la gestión libertaria. El Ministerio de Seguridad desplegó un desmedido e injustificado operativo represivo que culminó con una lluvia de gases lacrimógenos, palazos y cacería de manifestantes pacificos, en una clara muestra de que la única respuesta del oficialismo ante los reclamos legítimos de la sociedad es el garrote y la violencia de Estado.

Devastación salarial, fuga de cerebros y un conflicto abierto en las aulas

Las consecuencias de un año de asfixia, arbitrariedad y desobediciencia gubernamental se traducen de forma dramática en las condiciones cotidianas de los campus y las aulas universitarias. Los salarios de los docentes y del personal no docente arrastran una pérdida acumulada del poder adquisitivo sin precedentes frente a la inflación desbocada, ubicándose muy por debajo de las líneas básicas de subsistencia y provocando una preocupante renuncia de profesionales de alta calificación que deben emigrar al sector privado o al exterior.

En paralelo, el vaciamiento de las becas Progresar y de asistencia estudiantil, sumado al feroz aumento del transporte público y los alquileres en ciudades universitarias como Bahía Blanca, La Plata, Córdoba o Rosario, está expulsando de manera silenciosa a miles de jóvenes de clase trabajadora que encuentran imposibilitado el sueño de alcanzar un título profesional.

A 365 días de la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, la batalla por la universidad argentina se libra simultáneamente en tres frentes cardinales: en los despachos del Congreso que exigen partidas transparentes, en las salas judiciales que acorralan la ilegalidad del Gobierno nacional y en las calles donde el pueblo movilizado defiende su patrimonio cultural y educativo. Ante la motosierra insensible de Milei, la comunidad universitaria mantiene la guardia en alto para garantizar que la universidad pública siga abierta, soberana y al servicio de los intereses de la Patria