En un duro revés judicial y político para la Casa Rosada, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), conducida por el fiscal Sergio Rodríguez, solicitó formalmente dejar sin efecto el sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros nueve imputados en la causa $LIBRA. El organismo especializado en la persecución de delitos de corrupción consideró que el cierre del expediente fue resuelto de manera «prematura» y advirtió sobre la existencia de múltiples peritajes telefónicos y trazabilidades financieras que permanecen pendientes.

La presentación judicial, firmada el pasado 29 de octubre, asumió de manera directa el ejercicio de la acción penal e interpuso un recurso de apelación en subsidio para lograr la intervención de la Cámara Federal en caso de que la primera instancia rechace el pedido. El escrito cuestiona duramente la resolución dictada el viernes 23 de octubre por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien había dispuesto el sobreseimiento de los once investigados atendiendo un dictamen del fiscal Eduardo Taiano, bajo la premisa de que las conductas denunciadas no constituían delito.

Sin embargo, para la PIA, los elementos reunidos hasta la fecha distan de descartar la hipótesis de una maniobra defraudatoria articulada desde la cima del poder político. «De las propias constancias analizadas por el magistrado interviniente respecto de la solicitud de sobreseimiento por parte del fiscal a cargo de la Fiscalía Federal N° 8, surge que la evidencia recolectada en el expediente requiere la profundización de la investigación de la prueba obtenida», remarca de forma categórica la presentación.

Deficiencias periciales, fallas informáticas y cooperación internacional inconclusa

Uno de los pilares del reclamo de la Procuraduría se centra en las inconclusas pericias sobre la trazabilidad de los fondos en criptomonedas. El escrito revela que los análisis financieros no pudieron completarse debido a una insólita falencia operativa: la dependencia especializada del Ministerio Público Fiscal carecía de las licencias de software necesarias para operar los programas de auditoría informática. La PIA criticó que la resolución judicial no explicara por qué no se recurrió a herramientas alternativas para proseguir con el peritaje antes de bajar la persiana de la investigación.

Asimismo, el fiscal Rodríguez cuestionó que el juzgado considerara agotada la cooperación internacional tras el rechazo inicial de las autoridades de Estados Unidos a un pedido de asistencia técnica. Las agencias norteamericanas habían argumentado que la información aportada por la Justicia argentina resultaba insuficiente para vincular a los investigados con los registros exigidos. Para la PIA, dicha negativa no constituye un obstáculo infranqueable, dado que los datos requeridos pueden obtenerse mediante el avance de los peritajes forenses sobre los teléfonos celulares secuestrados.

Maniobras de ocultamiento: chats borrados, vaciamiento de cajas y visitas a la Casa Rosada

La presentación dedica un apartado medular a una serie de indicios que apuntan a maniobras deliberadas de encubrimiento y que fueron ignorados antes de sobreseer a los acusados. Entre estos puntos oscuros se destaca el vaciamiento de cajas de seguridad por parte del empresario Mauricio Novelli y su entorno familiar, la supresión de conversaciones en el teléfono de Novelli con un contacto agendado como “Karina Milei RRPP” y la llamativa ausencia del historial previo de WhatsApp en el dispositivo incautado a Sergio Morales.

La fiscalía anticorrupción exige además profundizar el peritaje sobre un archivo hallado en el teléfono de Novelli que contenía una carta de intención no firmada de Kelsier —firma representada por el empresario estadounidense Hayden Davis— dirigida directamente al Presidente para ofrecerle asesoramiento gratuito en tecnología blockchain. A esto se suman las sospechas sobre la nota “final agreement as discussed with H.” y los registros de llamadas entre Novelli y Javier Milei, cuyo contenido aún no pudo ser reconstruido.

“El vaciamiento de las cajas de seguridad por parte de Novelli y su familia, el borrado de historiales de WhatsApp en el teléfono de Morales, la eliminación de conversaciones con el contacto ‘Karina Milei RRPP’ en el dispositivo de Novelli y el acotado alcance del peritaje sobre la nota ‘final agreement as discussed with H.’ no constituyen obstáculos que permitan descartar la hipótesis delictiva”, asevera la PIA.

El documento judicial pone también bajo la lupa los ingresos de Novelli y Morales a la Casa Rosada, los cuales contaron con la autorización previa de la Secretaría General de la Presidencia conducida por Karina Milei. Para los investigadores, la reiteración y la coincidencia temporal de estas visitas deben cotejarse con la cronología del lanzamiento del criptoactivo para determinar si existió un acuerdo espurio entre funcionarios públicos y los desarrolladores privados. En esa línea, el organismo desestimó el valor de los informes de inocencia emitidos por la propia Secretaría General y por la Oficina Anticorrupción, al recordar que lo que se investiga es precisamente la existencia de un pacto ilícito para obtener beneficios patrimoniales indebidos.

El rol de Javier Milei en la promoción de la criptomoneda y el reclamo de las víctimas

Respecto del rol específico del jefe de Estado, la PIA refutó el criterio del juez Martínez de Giorgi, quien había considerado que la difusión pública de $LIBRA por parte de Milei no configuraba un engaño penal. El fiscal Rodríguez remarcó que la promoción presidencial debe evaluarse como un eslabón central dentro de una división de tareas preconcebida: “El caso investiga si ‘libra’ se generó para inducir engañosamente a la gente a invertir, usando como señuelo la promoción, el aval, la difusión efectuada por el Presidente, para luego levantar el dinero recaudado y huir”.

El escrito refuta además el argumento defensivo sobre la falta de regulación marco en el mercado de criptoactivos: “La incipiente o ausente regulación legal de las monedas virtuales no constituye una carta blanca de indemnidad para sus promutores ni un obstáculo que desampare a los inversores frente a maniobras defraudatorias”. De igual modo, solicita evaluar si las conductas podrían encuadrar en el delito tipificado por el artículo 309 del Código Penal, relativo a maniobras de manipulación en instrumentos financieros.

Entre las medidas de prueba pendientes, la Procuraduría reclama la citación testimonial de una testigo de apellido Beller, el esclarecimiento sobre cómo hizo Milei para difundir un contrato que no era de acceso público y la revisión de los informes de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). La reapertura cuenta con el respaldo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y de damnificados que denuncian la vulneración de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos.

El escrito de la PIA deja en evidencia la gravedad institucional que rodea a la figura presidencial en una causa por presunta estafa y corrupción. Esta opacidad e irresponsabilidad en el manejo de lo público por parte de la administración libertaria contrasta de forma absoluta con la transparencia, la responsabilidad ética y el compromiso con el bien común que caracterizan a las gestiones del gobernador Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y del intendente Federico Susbielles en Bahía Blanca, quienes reafirman cotidianamente el valor de un Estado al servicio de la gente y no de los negocios especulativos.