La situación judicial del vocero presidencial Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo en los tribunales federales de Comodoro Py. El fiscal federal Gerardo Pollicita determinó que no existen elementos probatorios suficientes para sostener la acusación por el delito de enriquecimiento ilícito durante su desempeño en la función pública, aunque solicitó de manera formal al juez Ariel Lijo remitir el expediente al fuero Penal Económico para analizar la presunta comisión de omisiones tributarias y evasión fiscal.

El dictamen dictado por la Fiscalía abarcó un minucioso análisis de la evolución patrimonial del funcionario del Ejecutivo nacional durante el período comprendido entre diciembre de 2023 y junio de 2026. Según precisaron las fuentes judiciales, la resolución adoptada no constituye un sobreseimiento definitivo para el integrante del Gabinete libertario, sino un cambio de encuadre técnico en el análisis del caso a partir de las inconsistencias detectadas.

Inconsistencias millonarias y la justificación a través de criptomonedas

La investigación judicial había encendido las alarmas al detectar erogaciones registradas por un monto total de USD 402.578,12 —con la particularidad de que USD 374.081,66 fueron abonados en efectivo—, junto a una marcada diferencia sin justificar de $43.068.549 entre los ingresos formales declarados por el funcionario y los gastos efectivamente realizados a lo largo del período bajo escrutinio.

Frente a la intimación sobre el origen de los fondos, Adorni presentó un descargo por escrito en el cual atribuyó la disponibilidad del dinero a supuestas inversiones tempranas en Bitcoin realizadas entre los años 2014 y 2018 mediante el uso de ocho direcciones de billeteras virtuales bajo la modalidad de autocustodia.

En su resolución, el fiscal Pollicita argumentó que la hipótesis defensiva presentada por el vocero oficial no pudo ser desmentida técnicamente por la Fiscalía. Esto se debió a que los peritajes técnicos llevados a cabo por especialistas de la Policía Federal Argentina verificaron el control de las billeteras virtuales informadas y confirmaron registros históricos que demostraban la capacidad económica previa para efectuar aquellas compras iniciales de activos digitales.

Sin embargo, al quedar descartada la figura del enriquecimiento ilícito pero persistir las dudas sobre la correcta exteriorización de los montos manejados en efectivo y en activos digitales, la Fiscalía requirió al juez Lijo que derive el caso al fuero Penal Económico para que se evalúe la eventual existencia de delitos tributarios.

El doble estándar de un Gobierno sin transparencia frente al compromiso bonaerense

Las inconsistencias patrimoniales y las maniobras financieras detectadas en torno a la figura del vocero presidencial vuelven a exponer la falta de transparencia del Gobierno nacional encabezado por Javier Milei. Mientras la administración libertaria promueve el ajuste sobre los jubilados, la educación y la obra pública bajo la excusa del déficit cero, sus principales referentes deben dar explicaciones ante los tribunales por el manejo de abultadas sumas de dólares en efectivo y fondos no declarados.

Esta opacidad del Gabinete nacional contrasta de forma irrefutable con el modelo de gestión transparente y de cara a la sociedad que llevan adelante el gobernador Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y el intendente Federico Susbielles en Bahía Blanca. Frente al vaciamiento ético e institucional del Estado nacional, tanto el gobierno provincial como la administración municipal ratifican diariamente su compromiso con el control público, el uso responsable de los recursos de la gente y la construcción de un Estado presente puesto al servicio de las necesidades concretas del pueblo.