La situación patrimonial de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, volvió a quedar en el centro de un escáldalo judicial tras la revelación de nuevos registros financieros. De acuerdo con los datos oficiales de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la mujer del ex vocero presidencial acumuló compromisos financieros a su nombre por un total de 58.654.000 pesos entre los meses de junio y septiembre de 2026.

Los números informados por el Banco Galicia a la autoridad monetaria muestran un vertiginoso salto en los niveles de consumo y endeudamiento de Angeletti. En junio, los registros arrojaron obligaciones por 13.863.000 pesos; en julio, la cifra fue de 13.466.000; en agosto, 13.325.000; mientras que en septiembre se alcanzó el pico de la serie relevada con 18 millones de pesos en un solo mes. Si bien las obligaciones aparecen en situación normal sin atrasos en los pagos, la arista política y judicial vuelve a interrogar de manera directa la fuente de los recursos utilizados para sostener semejante volumen de desembolsos.

Amplían la denuncia por enriquecimiento ilícito y apuntan a una posible testaferra

Los nuevos datos bancarios fueron incorporados de forma inmediata por la diputada nacional Marcela Pagano en una ampliación de la denuncia penal presentada contra Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. En el escrito elevado a la Justicia, la legisladora apuntó contra Angeletti como una presunta persona interpuesta o testaferra utilizada para disimular el veloz incremento patrimonial del matrimonio, solicitando la realización de urgentes medidas de prueba.

Asimismo, Pagano cuestionó de manera frontal el dictamen del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien había recomendado remitir la causa al fuero Penal Económico por supuesta incompetencia al descartar provisionalmente la figura de corrupción en la función pública. La diputada le reclamó al juez federal Ariel Lijo que no acepte el traspaso de fuero, mantenga la investigación en los tribunales de Comodoro Py, ordene nuevos informes fiscales a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y examine los movimientos de la mujer registrados con posterioridad al 27 de junio de 2026 —fecha en que Adorni cesó en sus funciones—, amparándose en el artículo 268 del Código Penal que contempla el delito de enriquecimiento ilícito hasta dos años después del abandono del cargo.

Los números de la causa: dólares en efectivo, obras sin factura y la justificación en Bitcoin

El planteo de la querella cobra especial volumen al repasar los inconsistentes datos contables que ya constan en el expediente judicial impulsado por Pollicita. Durante el período comprendido entre diciembre de 2023 y junio de 2026, el matrimonio Adorni-Angeletti registró erogaciones por un total de 402.578 dólares, de los cuales 374.081,66 dólares fueron abonados llamativamente en efectivo. A su vez, las pericias contables detectaron una brecha sin justificar de 43.068.549 pesos entre los ingresos lícitos comprobados y las erogaciones del grupo familiar.

Entre los movimientos bajo sospecha sobresale la adquisición de una propiedad en el exclusivo country Indio Cuá, escriturada a nombre de Angeletti por 120.000 dólares (más 5.000 dólares por derecho de ingreso), donde se ejecutaron reformas cuyo contratista, Matías Tabar, reconoció haber cobrado 245.000 dólares en efectivo y sin emisión de facturas (pese a que Adorni declaró ante el juez que el costo había sido de 175.000 dólares). A esta transacción se le suma la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito por 230.000 dólares, de los cuales 200.000 fueron financiados por las anteriores dueñas a través de un crédito privado a tasa cero.

Para justificar el origen de semejante masa de dinero, la defensa del ex funcionario sostuvo que los fondos provenían de supuestas inversiones en Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018 que le habrían generado más de 591.000 dólares. Si bien la Fiscalía dio por acreditada la existencia de las billeteras virtuales, los propios informes técnicos de la Policía Federal advirtieron que no fue posible reconstruir quién administró los activos durante los años de la presunta inversión ni identificar a las contrapartes de las transacciones. Por este motivo, la fiscalía pidió girar la investigación a la Justicia Penal Económica por presunta evasión e infracción a la ley penal tributaria.

El doble discurso libertario expuesto frente a la gestión de la Provincia y el Municipio

Las escandalosas cifras que salpican al ex vocero presidencial y su entorno familiar vuelven a poner al desnudo la impunidad y la falta de ética de la administración de Javier Milei. Mientras el Gobierno nacional predica una austeridad desmedida para quitarle medicamentos a los jubilados, congelar el presupuesto universitario y desmantelar los servicios básicos de la gente, sus principales voceros y funcionarios hacen gala de un estilo de vida de lujo con gastos millonarios en efectivo, propiedades en barrios privados y giros opacos que no pueden justificar ante las autoridades.

Esta opacidad del modelo libertario contrapone radicalmente con el compromiso democrático, la transparencia administrativa y el uso responsable de los fondos públicos que llevan adelante el gobernador Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y el intendente Federico Susbielles en Bahía Blanca. Frente a la sospecha permanente sobre los funcionarios nacionales, la gestión provincial bonaerense y la administración municipal bahiense demuestran diariamente que la honestidad, el control contable y el foco puesto en las necesidades reales del pueblo son los únicos pilares válidos para ejercer la función pública.