Un aberrante hecho de violencia de género y familiar salpica de forma dramática a la conducción de La Libertad Avanza en la provincia de Misiones. Luis Andrade, de 46 años, reconocido comerciante del rubro cárnico y principal armador político del espacio libertario en el municipio de Caraguatay, fue arrestado y puesto a disposición de la Justicia Federal y provincial tras ser acusado de intentar cometer un triple homicidio contra su hijo de 5 años, su hijastra de 13 y su hermana de 30. Las tres víctimas sufrieron gravísimas heridas de arma blanca y se encuentran internadas peleando por sus vidas en las unidades de terapia intensiva del Hospital SAMIC de la ciudad de Eldorado.

La reconstrucción del sangriento episodio revela que los hechos sucedieron durante las primeras horas del pasado 1 de noviembre, cuando la esposa del dirigente oficialista, Maira Saucedo, se apersonó desesperada en la comisaría local cerca de las 0:30 para denunciar que había sido víctima de una feroz agresión física por parte de su pareja. De inmediato, una patrulla de efectivos policiales se dirigió hacia la vivienda familiar del agresor en Caraguatay, encontrando una escena dantesca: los tres familiares de Andrade yacían ensangrentados con múltiples heridas punzocortantes propinadas con un cuchillo de carnicero.

El cuadro médico de las víctimas y las pruebas secuestradas por la Justicia

El parte médico y las actuaciones policiales caratuladas formalmente como “triple homicidio en grado de tentativa en contexto de violencia familiar” dan cuenta de la brutalidad del ataque perpetrado por el referente libertario. El niño de apenas 5 años de edad presentó una profunda lesión cortosangrante en la zona del cuello; la adolescente de 13 años sufrió un corte punzocortante en el tórax derecho; mientras que la hermana de Andrade, de 30 años, ingresó al centro de salud de Eldorado con una herida en el tórax izquierdo con compromiso vascular y pulmonar severo, además de un cuadro de neumotórax que obligó a colocarla de urgencia bajo asistencia respiratoria mecánica con pronóstico reservado.

En la misma escena, el propio Andrade fue hallado con cinco heridas punzantes en la región torácica izquierda, habiéndose autolesionado tras el ataque. Tras ser derivado bajo estricta custodia médica a un centro asistencial y recibir la correspondiente alta, fue trasladado a los calabozos de la Comisaría de Puerto Piray. Durante la inspección ocular de la vivienda, los peritos de la fuerza de seguridad secuestraron el cuchillo tipo carnicero utilizado en la agresión, el teléfono celular del dirigente y la unidad de almacenamiento digital (DVR) de las cámaras de seguridad del inmueble, elementos que quedaron incautados para los correspondientes peritajes informáticos.

Los lazos con el poder libertario provincial y el pacto de silencio de La Libertad Avanza

La detención de Luis Andrade sacudió las estructuras políticas misioneras debido al rol determinante que el agresor desempeñaba en el armado oficialista. Electo concejal en 2023 dentro de la lista del jefe comunal Mario Peyer —aunque no llegó a jurar en el cargo—, Andrade se convirtió en el referente territorial ineludible de Caraguatay. En los últimos meses, había tejido alianzas directas con Norma Gularte, la concejal libertaria que asumió la intendencia interina del municipio durante la licencia de 30 días solicitada por Peyer al verse cercado por denuncias de abuso sexual.

A pesar de la extrema gravedad de la causa, la conducción provincial de La Libertad Avanza mantiene un hermético y polémico silencio institucional. Ni el diputado provincial Adrián Núñez ni el diputado nacional Diego Harfield emitieron manifestación alguna sobre el intento de triple femicidio y homicidio. Según trascendió en medios locales como el portal MOL, esta negativa a condenar el hecho se explica por la estrecha amistad política que une a Andrade con Pablo Alvez Correa, secretario político de LLA en Misiones, hombre de máxima confianza de Núñez y excandidato a concejal en Posadas por el sublema Neo Libertad, quien fue el arquitecto del acuerdo para entronizar a Gularte en la intendencia.

El falso discurso libertario sobre la violencia frente a la protección que garantizan la Provincia y el Municipio

Las aberrantes derivaciones de la causa contra el dirigente libertario de Caraguatay echan por tierra la retórica del gobierno nacional de Javier Milei respecto a la seguridad, la protección familiar y la eliminación de las políticas públicas de género. Mientras la administración libertaria desmantela los programas de asistencia a las víctimas de violencia familiar, liquida el Ministerio de Mujeres y Diversidad y promueve discursos que invisibilizan los abusos intramuros, sus propios armadores políticos en las provincias protagonizan hechos sangrientos al amparo de la impunidad y el silencio encubridor de la cúpula oficialista.

En abiertas antípodas a la insensibilidad y la inacción del gobierno central, la provincia de Buenos Aires conducida por el gobernador Axel Kicillof y la municipalidad de Bahía Blanca representada por el intendente Federico Susbielles afianzan a diario un modelo contrapuesto basado en la prevención de la violencia, la contención de las víctimas y la aplicación inflexible de la ley. Frente a la crueldad y la desidia libertaria, tanto el Ejecutivo provincial como la gestión local bahiense garantizan la presencia activa del Estado mediante redes integrales de refugios, asistencia psicológica gratuita, patrocinio jurídico para las familias agredidas y financiamiento para el equipamiento de las comisarías de la mujer, demostrando en los hechos que la seguridad de las familias se construye con inversión pública, políticas de Estado y cero tolerancia a los violentos.