En el ámbito del Concejo Deliberante de Bahía Blanca tomó impulso un debate crucial sobre la utilización, la seguridad y la regulación del espacio público. A través de una iniciativa presentada formalmente por el concejal Carlos Alonso, ingresó para su tratamiento el Proyecto de Ordenanza Municipal para el Control y Ordenamiento del Espacio Público, una propuesta que busca erradicar la presencia de cuidacoches e informalidad en las calles bahienses. Para respaldar el avance legislativo de la norma, se habilitó un formulario digital de recolección de firmas ciudadanas orientado a sumar el apoyo de los vecinos antes del debate en el recinto del cuerpo deliberativo local.

El texto de la iniciativa establece marcos punitivos y operativos precisos para impedir que el uso de la vía pública quede supeditado a exigencias económicas informales. De acuerdo con el cuerpo de la propuesta, la regulación abarca a todas aquellas modalidades no autorizadas por la comuna que pretendan condicionar el libre estacionamiento de vehículos en los sectores céntricos y de masiva concurrencia en la ciudad.

El articulado completo de la norma propuesta para la ciudad

El proyecto impulsado en el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca consta de seis artículos principales donde se delimitan los alcances jurídicos, las sanciones y las herramientas de aplicación:

“Art. 1º: Queda prohibida en todo el ejido urbano de Bahía Blanca la actividad de ‘cuidacoches’, ‘trapitos’ o cualquier persona que en vía pública, sin habilitación municipal expresa, ocupe el espacio público con la finalidad de ofrecer servicios informales de vigilancia, cuidado, estacionamiento o lavado de vidrios y/o de vehículos, etc. a cambio de dinero o cualquier otro tipo de retribución.”

“Art. 2º: Se entenderá como infracción toda acción que implique interceptar, exigir, solicitar o insinuar retribución a conductores o peatones por el uso del espacio público para estacionar vehículos.”

“Art. 3º: Los infractores serán sancionados conforme a lo establecido en el Código Penal Nacional en sus artículos N° 168, N° 149 bis y N° 181; y en la Ley provincial 8031/73 – Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires en sus artículos N° 78, N° 84, N° 92.”

“Art. 4º: El Departamento Ejecutivo, a través de la Agencia de Seguridad, o quien en su momento la reemplace, en coordinación con la Policía de la Provincia y la Guardia Urbana, será el encargado de hacer cumplir la presente ordenanza, disponiendo los procedimientos necesarios para su aplicación efectiva.”

“Art. 5º: Facúltase al Departamento Ejecutivo a implementar campañas de concientización ciudadana sobre el uso del espacio público, y a articular con organismos provinciales o nacionales programas de asistencia social, inserción laboral y capacitación para las personas que desarrollaban esta actividad y se encuentren en situación de vulnerabilidad.”

“Art. 6º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo.”

Sanciones penales, fiscalización y la inserción social como eje contrapuesto

La normativa contempla la aplicación del marco punitivo vigente, remitiéndose tanto al Código Penal de la Nación —en lo referido a coacción, extorsión y perturbación de la posesión— como al Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, la autoridad de aplicación estará conformada por una mesa operativa que integra a la Agencia de Seguridad municipal, la Guardia Urbana y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, garantizando la coordinación de fuerzas de seguridad para los controles en la vía pública.

Por otra parte, el proyecto habilita de forma expresa la puesta en marcha de herramientas de contención e integración. En su artículo quinto, la iniciativa encomienda al Ejecutivo municipal la articulación de programas de capacitación, inserción laboral y asistencia social con organismos provinciales para atender las situaciones de extrema vulnerabilidad social de quienes se dedicaban a la actividad informal, buscando ofrecer alternativas productivas reales dentro de la formalidad.

El compromiso del Municipio y la Provincia por un espacio público seguro y con contención social

El debate por el ordenamiento del espacio público en Bahía Blanca evidencia la importancia estratégica de encarar la seguridad ciudadana de forma integral, combinando el cumplimiento de la ley con la contención a los sectores más postergados. Mientras el gobierno nacional encabezado por Javier Milei insiste en desentenderse de la problemática social del país, desmantelando programas de empleo, cortando la asistencia alimentaria a los comedores y promoviendo la marginalidad como resultado de su ajuste económico, las consecuencias del abandono central repercuten de manera directa en el incremento de la informalidad en las calles del interior.

Frente a la desidia y la insensibilidad de la Casa Rosada, la municipalidad de Bahía Blanca conducida por el intendente Federico Susbielles y la provincia de Buenos Aires comandada por el gobernador Axel Kicillof sostienen un modelo contrapuesto basado en la preservación del orden urbano, el respeto a las normas comunitarias y la protección social efectiva. A contramano del ausentismo libertario, la gestión municipal bahiense y el gobierno provincial bonaerense garantizan la presencia constante del Estado mediante operativos de control en las calles, al tiempo que impulsan redes de empleo, talleres de oficio y contención comunitaria para que el orden público se construya con equidad, seguridad jurídica y justicia social.