La provincia de Buenos Aires concentra de manera abrumadora el 60,5 por ciento de la superficie total ocupada por barrios populares en los principales aglomerados urbanos de la República Argentina, de acuerdo con las contundentes conclusiones arrojadas por un nuevo y exhaustivo estudio elaborado por la Fundación Tejido Urbano. El relevamiento socioterritorial demuestra que estas urbanizaciones informales continuaron expandiéndose de manera sostenida durante la última década, configurando un escenario estructural sumamente complejo que actualmente combina un persistente déficit habitacional, graves dificultades para el acceso al suelo formal y un profundo conflicto político y financiero en torno al sostenimiento de las obras de integración urbana, enfrentando directamente la reticencia del gobierno nacional de Javier Milei con las políticas activas que impulsa la administración provincial de Axel Kicillof.

El informe institucional, titulado Radiografía de la expansión de los barrios populares en las principales ciudades argentinas 2016-2025, establece con rigor metodológico que la superficie total relevada en el conjunto del país pasó de 314 a 371 kilómetros cuadrados en el transcurso de nueve años, lo que representa un incremento porcentual del 18,2 por ciento. Del total de 57 kilómetros cuadrados incorporados a la mancha urbana informal en dicho período, nada menos que 27,9 kilómetros cuadrados corresponden al territorio bonaerense, consolidando a la jurisdicción provincial como el distrito que registró por amplio margen el mayor crecimiento absoluto de asentamientos precarios a nivel nacional.

 

El mapa de la expansión territorial: del conurbano profundo al crecimiento en Bahía Blanca y Mar del Plata

De acuerdo con el desglose estadístico del informe, la provincia de Buenos Aires alcanzó los 224,4 kilómetros cuadrados de superficie acumulada bajo la categoría de barrios populares dentro de los aglomerados estudiados. Si bien su participación relativa sobre el total nacional experimentó una leve retracción —descendiendo desde el 62,6 por ciento registrado en el año 2016 hasta el 60,5 por ciento medido en este relevamiento de 2025—, el territorio bonaerense continúa concentrando de forma casi monopólica la mayor extensión territorial de asentamientos precarios del país.

El principal motor de esta expansión geográfica continuó localizándose en la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA). Entre los años 2016 y 2025, los barrios populares asentados en el conurbano y sus alrededores sumaron 24,5 kilómetros cuadrados adicionales, evidenciando un crecimiento físico del 13,2 por ciento. Dicha expansión urbana se produjo fundamentalmente sobre los partidos del conurbano bonaerense, focalizándose con mayor intensidad en los bordes y periferias de las áreas urbanas próximas a la ciudad de La Plata y en los distritos ubicados en el sudoeste del conglomerado metropolitano.

Sin embargo, el fenómeno de crecimiento de la informalidad habitacional no constituye una exclusividad del área metropolitana, sino que exhibe un correlato preocupante en el interior provincial. En esa línea, el informe destaca el caso de Bahía Blanca, distrito que registró un incremento del 45,4 por ciento en la superficie ocupada por sus barrios populares, mientras que el partido de General Pueyrredón, con cabecera en Mar del Plata, incorporó 1,8 kilómetros cuadrados adicionales a su trama informal. Estas marcadas diferencias entre los distintos distritos demuestran que la presión sobre el suelo urbano y la consecuente expansión territorial constituyen una problemática estructural de alcance provincial.

Este diagnóstico encuentra un respaldo pormenorizado en los registros oficiales del Plan Buenos Aires Hábitat, elaborados sobre bases censales de 2023, los cuales identifican la existencia de 2.327 barrios populares distribuidos en 95 municipios bonaerenses, donde residen de manera permanente aproximadamente 2,69 millones de personas. Al analizar la concentración distrital, el informe oficial señala que los partidos con mayor cantidad de asentamientos son La Matanza, con 181 barrios; La Plata, con 172; Moreno, con 130; y General Pueyrredón, con 111.

Suelo, vivienda y planificación: un problema estructural que se profundiza

Los denominados barrios populares agrupan bajo una misma categoría conceptual a villas de emergencia, asentamientos precarios y otras formas de urbanización informal donde la inmensa mayoría de las familias carece por completo de títulos dominiales de propiedad y padece restricciones severas para acceder de manera regular a los servicios públicos esenciales. La génesis y consolidación de estos enclaves urbanos se vinculan históricamente con las profundas dificultades estructurales para ingresar al mercado formal de tierras y viviendas, exacerbadas por procesos migratorios, crisis económicas recurrentes y una marcada ausencia histórica de planificación urbana integral a lo largo de décadas.

En relación con esta problemática, el presidente del Consejo Profesional de Agrimensura de la provincia de Buenos Aires, Reinaldo Beain, advirtió sobre la magnitud de las irregularidades dominiales y el déficit crónico en la planificación territorial. El especialista sostuvo con agudeza que “cuando el asentamiento sucede es porque algo falló en el camino”, enfatizando la necesidad imperiosa de optimizar y dotar de mayores recursos a las herramientas institucionales de regularización dominial y ordenamiento urbano.

Las demandas cotidianas de los habitantes de estos vecindarios giran fundamentalmente en torno al acceso pleno a la propiedad legal de la tierra, la infraestructura básica y los servicios públicos de calidad. A la precariedad jurídica de las viviendas sin escrituras se suma una realidad cotidiana signada por redes clandestinas o deficientes de energía eléctrica, la falta absoluta de agua potable corriente, la inexistencia de cloacas, el déficit de calles pavimentadas y la precariedad de los sistemas de desagües pluviales, factores que potencian la vulnerabilidad social y sanitaria de millones de bonaerenses.

El ajuste nacional, la disolución del FISU y el futuro incierto de las obras de integración

La acelerada expansión territorial registrada en los barrios populares durante la última década adquiere una dimensión crítica al colisionar de manera directa con las decisiones de índole fiscal y presupuestaria adoptadas por el Gobierno nacional en materia de financiamiento de la obra pública. El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), un instrumento financiero específico creado originalmente para fondear y ejecutar proyectos de urbanización en los vecindarios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), quedó en el centro de una fuerte disputa política tras ser alcanzado por profundas modificaciones administrativas y judiciales durante la gestión libertaria de Javier Milei.

En mayo de 2025, el Poder Ejecutivo nacional dispuso formalmente la disolución del fideicomiso mediante el Decreto 312/2025, una medida que buscaba recortar drásticamente los flujos de caja destinados a la urbanización. No obstante, la aplicación de la norma encontró un freno institucional transitorio cuando el Juzgado Federal de Pehuajó dictó una medida cautelar que suspendió sus efectos legales, exigiendo al Estado nacional garantizar la continuidad de la política pública de integración sociourbana amparada por la Ley Nacional 27.453.

Como respuesta a la pulseada judicial y en el marco de una política general de retracción del gasto, la Secretaría de Obras Públicas de la Nación publicó el 23 de septiembre de 2026 la Resolución 209/2026. La normativa establece un complejo procedimiento administrativo destinado a revisar exhaustivamente todos los proyectos de infraestructura que se encontraban en ejecución o pendientes de aprobación. Dicha resolución estipula que sean las propias provincias, los municipios y otros organismos ejecutores locales los encargados de evaluar la posibilidad de asumir unilateralmente la continuidad financiera de las obras paralizadas, sin contar para ello con asistencia ni aportes del Tesoro Nacional.

El articulado de la norma nacional prevé que, en aquellos casos donde la absorción presupuestaria por parte de las administraciones subnacionales resulte inviable, se deberá analizar caso por caso la rescisión o continuación contractual conforme al grado de avance físico de la obra, el grado de interés público comprometido y la disponibilidad real de recursos. Desde el Gobierno nacional justificaron la reestructuración argumentando estrictos criterios de control financiero, transparencia y observaciones derivadas de auditorías sobre la administración previa de los fondos fiduciarios.

Sin embargo, esta decisión unilateral mantiene abierto un conflicto de proporciones por los recursos económicos indispensables para completar las redes de servicios públicos, las viviendas definitivas y la infraestructura comunitaria en los barrios. Desde la gobernación bonaerense cuestionan con dureza la paralización abrupta de los proyectos nacionales y alertan sobre el impacto social devastador que estas medidas generan sobre las familias que continúan aguardando mejoras habitacionales postergadas.

 

El despliegue provincial: el OPISU interviene en 309 barrios populares

Frente a la retirada de los fondos nacionales y el agravamiento de las condiciones socioeconómicas, el gobierno de la provincia de Buenos Aires redobló su presencia territorial a través del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU). Al presentar su informe trimestral de gestión, la directora ejecutiva del organismo, Romina Barrios, brindó un detallado balance de las intervenciones desplegadas en territorio bonaerense, informando que la dependencia provincial ejecuta actualmente obras y programas integrales en 309 barrios populares distribuidos en 82 municipios, alcanzando de forma directa a una población estimada en 537.748 personas y 161.784 hogares.

De acuerdo con los datos oficiales difundidos por el OPISU, el organismo registra un total de 472 obras en marcha y una inversión acumulada que asciende a los 565.809 millones de pesos, generando en forma paralela más de 7.600 puestos de trabajo genuinos en el sector de la construcción. Las intervenciones estructurales llevadas adelante abarcan la construcción de viviendas sociales, el tendido de redes formales de agua potable y cloacas, trabajos de pavimentación, instalación de luminarias LED, creación de espacios públicos y comunitarios, y el abordaje integral de los procesos de regularización dominial de la tierra.

Entre los proyectos emblemáticos que encabeza la Provincia se destaca la urbanización del barrio León Gallo II, en el partido de La Matanza, donde avanza a buen ritmo la construcción de 199 viviendas definitivas y 40 locales comerciales destinados a relocalizar y mejorar las condiciones de vida de las familias provenientes del histórico asentamiento Puerta de Hierro. Del mismo modo, en el distrito de Quilmes, las intervenciones focalizadas en Villa Itatí comprenden la ejecución de 23.800 metros lineales de redes de agua corriente y desagües cloacales, permitiendo concretar más de 5.200 conexiones domiciliarias directas a los servicios sanitarios básicos.

Durante la presentación del balance, la funcionaria Romina Barrios defendió con firmeza la necesidad de sostener la inversión pública en infraestructura social básica, remarcando que una política genuina de integración urbana no puede reducirse exclusivamente a la edificación de paredes, sino que debe incorporar necesariamente el acceso a servicios, la generación de empleo local, la seguridad jurídica de la tierra y el fortalecimiento de las redes comunitarias. Asimismo, Barrios expuso un dato alarmante surgido de los relevamientos socioeconómicos realizados por el propio organismo provincial: el 75 por ciento de los hogares que habitan en estos asentamientos se encuentra endeudado para poder sostener el pago de consumos básicos y alimentos.

Comedores colapsados, asistencia alimentaria y un reclamo legislativo que llegó al Congreso

La profunda crisis habitacional y el deterioro del poder adquisitivo conviven cotidianamente con una demanda creciente y desesperada de asistencia alimentaria en los sectores de mayor vulnerabilidad social. Referentes territoriales y coordinadores de comedores comunitarios de partidos bonaerenses como La Plata, San Miguel y Morón advirtieron en las últimas semanas sobre el incremento sostenido en la cantidad de familias y niños que se acercan a diario en busca de un plato de comida, mientras el encarecimiento desmedido de los productos de la canasta básica y de las garrafas de gas reduce drásticamente la capacidad operativa de los espacios comunitarios de contención.

Ante este panorama crítico, el gobierno provincial articuló respuestas de emergencia asistencial. En el transcurso del mes de octubre, el OPISU concretó un acuerdo estratégico con la Universidad Nacional de Quilmes para garantizar la distribución de 150.000 raciones de alimento fortificado Supersopa destinadas a abastecer a 300 comedores y merenderos comunitarios emplazados en barrios populares. Dicha iniciativa se acopla a las más de 576.000 raciones que ya habían sido entregadas previamente en el marco del programa provincial de asistencia alimentaria SANA.

En paralelo a la gestión territorial, la discusión en torno a la sostenibilidad a largo plazo de las políticas de integración urbana escaló hasta el ámbito del Congreso de la Nación. Diputados nacionales de diversos bloques opositores, en un hecho de articulación multisectorial que reunió a Cáritas Argentina, diversas organizaciones sociales y la entidad civil TECHO, impulsaron formalmente un proyecto de ley destinado a rescatar y garantizar el financiamiento permanente de las obras de urbanización mediante la implementación de un esquema presupuestario plurianual de diez años.

La iniciativa parlamentaria, que se encuentra oficialmente identificada bajo el expediente 4474-D-2026, estipula fijar para el ejercicio fiscal 2027 un piso presupuestario equivalente al 0,0375 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) destinado exclusivamente al desarrollo de infraestructura en los barrios populares. Durante la presentación pública del proyecto en el parlamento, el obispo y presidente de Cáritas, monseñor Gustavo Carrara, formuló un enérgico llamado a la dirigencia política para sostener políticas de Estado a largo plazo orientadas a transformar radicalmente las condiciones de vida de las familias excluidas.

Mientras el proyecto normativo continúa su lento trámite de debate en las comisiones de la Cámara de Diputados, la realidad cotidiana impone urgencias ineludibles: las obras encaradas por la Provincia continúan avanzando para mitigar la emergencia, al tiempo que las decisiones de retaceo presupuestario adoptadas por la administración central condicionan severamente el destino de miles de vecinos. El desafío habitacional e infrastructural de la provincia de Buenos Aires resume una tensión histórica entre una expansión territorial acumulada durante décadas de desatención y la necesidad imperiosa de garantizar, en tiempos de ajuste, financiamiento, servicios esenciales y condiciones de vida dignas para millones de bonaerenses.