El Ministerio de Infraestructura y Servicios光的 de la provincia de Buenos Aires oficializó la convocatoria a una nueva instancia de participación ciudadana para debatir el cuadro tarifario eléctrico en territorio bonaerense. A través de la Resolución 827/2026, firmada por el ministro Gabriel Katopodis, el Gobierno provincial fijó para el próximo miércoles 16 de diciembre la realización de una audiencia pública destinada a analizar las propuestas tarifarias para el próximo período de cinco años, así como la continuidad del esquema de transición tarifaria vigente.

La convocatoria se produce en un escenario político y judicial sumamente sensible, marcado por el reciente conflicto que enfrentó a la administración del gobernador Axel Kicillof con sectores internos del peronismo y organismos de control a raíz de la aplicación de incrementos tarifarios. Para los usuarios, entidades de consumidores y organizaciones interesadas en intervenir en el debate, el primer paso formal es cumplir con el cronograma de inscripción establecido por la cartera de Infraestructura, el cual abrirá sus puertas digitales en los próximos días.

Cómo anotarse, plazos y modalidades de participación ciudadana

De acuerdo con lo estipulado en los actos resolutivos, el período de inscripción para participar formalmente en la audiencia pública se encontrará abierto desde el primer minuto del próximo 18 de noviembre y se extenderá hasta las 23:59 del 10 de diciembre. Durante ese extenso plazo, los interesados podrán registrarse formalmente, elegir su rol dentro del proceso y tomar vista completa de toda la documentación respaldatoria que conforma el expediente administrativo.

El registro deberá completarse de manera exclusiva a través de la sección de Audiencias Públicas alojada en el portal oficial de Ministerio Abierto, cuyas herramientas estarán operativas a partir de la fecha de apertura. Del mismo modo, los enlaces de acceso directo al sistema de inscripción y a los antecedentes del expediente estarán disponibles en la página web oficial del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).

Los participantes tendrán la opción de inscribirse bajo dos modalidades diferenciadas: como expositores, habilitados para tomar la palabra durante el desarrollo del encuentro virtual, o bien como oyentes. Desde el área energética provincial destacaron que estos espacios buscan garantizar el derecho de los ciudadanos, usuarios y asociaciones a informarse debidamente, formular consultas técnicas y presentar observaciones formales antes de que el Estado adopte decisiones definitivas sobre la prestación de los servicios públicos esenciales.

Dinámica del debate, empresas convocadas y los ejes de la Revisión Tarifaria Integral

La audiencia pública se desarrollará íntegramente bajo modalidad virtual el miércoles 16 de diciembre, en la franja horaria comprendida entre las 9:00 y las 18:00 horas. No obstante, la normativa prevé que, en caso de que la cantidad de inscriptos o el desarrollo de las ponencias así lo requieran, la sesión podrá extenderse durante la jornada inmediata posterior bajo los mismos parámetros operativos. Todo el desarrollo del plenario será transmitido en directo a través del canal oficial de YouTube del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, garantizando la publicidad y transparencia de las deliberaciones.

La convocatoria alcanza de manera directa a los usuarios de todas las empresas prestatarias del servicio eléctrico bajo jurisdicción provincial y municipal. En ese sentido, fueron formalmente citadas las distribuidoras Edelap, Eden, Edea y Edes, además de las distintas federaciones que agrupan a las distribuidoras municipales y cooperativas eléctricas del interior bonaerense. La presidencia del plenario estará a cargo de la Subsecretaría de Energía, con la participación activa del OCEBA y la presencia invitada del defensor del Pueblo de la Provincia, Guido Lorenzino.

El cónclave forma parte central del proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI), un complejo mecanismo iniciado formalmente en 2024 donde se pondrán rigurosamente sobre la mesa de análisis los ingresos requeridos por las prestatarias, los planes de inversión obligatorios que deberán ejecutar en el territorio y los parámetros de calidad exigidos para el próximo quinquenio. Entre los puntos neurálgicos que contempla el temario oficial figuran la revisión de la estructura de categorías tarifarias, la fijación de nuevos índices de calidad del servicio, la aplicación de un régimen de penalidades por incumplimientos y la definición de una nueva categoría de tarifa social orientada a proteger el acceso al suministro de los sectores de menores recursos.

La tensión judicial previa y el cruce político interno en el oficialismo

La convocatoria a esta instancia participativa llega precedida por una intensa pulseada judicial y política en torno a las tarifas. El origen del conflicto se remonta a la presentación judicial efectuada por la Defensoría del Pueblo bonaerense en contra de las modificaciones autorizadas oportunamente mediante la Resolución 585/2026, cuestionando la falta de una audiencia pública previa como recaudo legal ineludible.

Como resultado de dicha presentación, el 18 de septiembre el Juzgado Contencioso Administrativo N.° 1 de Bahía Blanca, a cargo del magistrado Agustín López Coppola, dictó una medida cautelar que suspendió los componentes provinciales cuestionados, ordenando retrotraer los valores tarifarios y reconocer saldos a favor de los usuarios. Frente a este freno, la Provincia y las empresas distribuidoras apelaron la decisión, argumentando desde la Fiscalía de Estado que mantener congelados los cuadros tarifarios ponía en serio riesgo los recursos indispensables para adquirir energía, sostener el tendido de las redes, abonar salarios y sostener el plan de inversiones.

Finalmente, el 15 de octubre la Cámara Contencioso Administrativa de Mar del Plata otorgó efecto suspensivo al recurso interpuesto por el Ejecutivo provincial, habilitando la aplicación transitoria de los incrementos —estimados en un rango de entre el 1,5% y el 3,5%— para aproximadamente 1,4 millones de usuarios, aunque sin resolver de fondo la cuestión de la legalidad de los aumentos.

Esta jugada procesal generó rispideces y cruces políticos dentro del propio oficialismo provincial. Por un lado, referentes de La Cámpora como el presidente del bloque de Fuerza Patria en la Cámara de Diputados, Facundo Tignanelli, y la diputada provincial Mayra Mendoza manifestaron públicamente su disconformidad con la estrategia legal del Ejecutivo y respaldaron los cuestionamientos de la Defensoría del Pueblo. Por el otro, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, defendió firmemente la postura de la administración de Axel Kicillof, explicando los fundamentos técnicos de la medida y señalando que el esquema heredado de gestiones anteriores requería actualizaciones atadas a la inflación para evitar un colapso operativo del sistema eléctrico. En este delicado contexto, la audiencia de diciembre se encamina a ser un escenario de alto voltaje político e institucional.