La administración nacional encabezada por el presidente Javier Milei se encuentra ultimando los detalles organizativos y políticos para formalizar en las próximas semanas una convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación durante el mes de diciembre, con el objetivo prioritario de acelerar el tratamiento y la sanción de dos iniciativas consideradas vitales para el futuro político y económico del oficialismo: el proyecto de Presupuesto 2027 y la profunda reforma electoral que contempla la suspensión definitiva de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La existencia de estas tratativas fue confirmada públicamente por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien detalló que desde la Casa Rosada se trabaja intensamente en el diseño de un decreto presidencial para habilitar el debate legislativo fuera del período ordinario, buscando conseguir las mayorías necesarias antes del inicio formal del próximo año electoral. Aunque todavía no existe una fecha oficial de publicación del decreto ni se ha dado a conocer el temario definitivo, en los despachos del Ejecutivo analizan dar inicio a las extraordinarias a comienzos de diciembre con la premisa de finalizar las deliberaciones parlamentarias antes de las fiestas de fin de año, barajándose el viernes 18 como una fecha tentativa para el cierre de ese período de excepción.

La inminente convocatoria se erige como un mecanismo de salvataje institucional para el oficialismo ante la imposibilidad material de agotar los plazos reglamentarios durante el período ordinario, el cual finalizará formalmente el próximo 30 de noviembre. De esta manera, el paquete de leyes que no logre completar su recorrido legislativo antes de esa fecha límite pasará automáticamente a depender del temario que imponga el Poder Ejecutivo en las extraordinarias.

Suspensión de las PASO: la ofensiva oficialista y la dura negociación por los números en el Senado

El eje más sensible y disputado de la agenda parlamentaria del Gobierno es, sin lugar a dudas, la reforma electoral. En un movimiento táctico para acelerar los tiempos, el oficialismo logró convocar oficialmente a un plenario de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación para el próximo martes 17 de noviembre, a partir de las 15:00 horas, en el histórico Salón Illia. El cónclave tendrá como único y exclusivo objeto de debate el proyecto de Reforma Electoral Integral remitido por el Ejecutivo, una iniciativa de amplio alcance que agrupa la modificación del sistema de primarias, la incorporación de los criterios de «Ficha Limpia» para los candidatos y profundas modificaciones al régimen jurídico de los partidos políticos.

Martín Menem anticipó con optimismo que el objetivo de la Casa Rosada es obtener la ansiada media sanción en la Cámara alta en el transcurso de los próximos quince días. Sin embargo, el cronograma político choca frontalmente con una compleja realidad aritmética: por tratarse de modificaciones estructurales al régimen electoral y a la ley de partidos políticos, la iniciativa exige una mayoría calificada de 37 votos afirmativos en el Senado y 129 respaldos en la Cámara de Diputados, umbrales que La Libertad Avanza está muy lejos de alcanzar por sus propios medios legislativos.

Para sortear este valladar, el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, encabeza personalmente una serie de negociaciones subterráneas y permanentes con gobernadores provinciales y legisladores de bloques dialoguistas con el propósito de aceitar acuerdos y sumar voluntades. Si bien desde el entorno presidencial aseguran que existen entendimientos avanzados, puertas adentro de las propias terminales oficialistas persisten profundas dudas sobre la solidez de esos respaldos y el número real de senadores dispuestos a levantar la mano a favor de la suspensión de las primarias.

Gran parte de la tensión en las tratativas con los mandatarios provinciales gira en torno al tablero electoral de 2027. Varios gobernadores reclaman garantías estrictas sobre las reglas de juego, el financiamiento de las campañas y los mecanismos de integración de listas antes de comprometer el voto de sus legisladores. Consciente de esta resistencia, la estrategia diseñada por la mesa chica del Ejecutivo consiste en forzar primero la aprobación de las leyes prioritarias en el recinto y postergar para una instancia posterior la discusión fina de los acuerdos electorales.

El debate del Presupuesto 2027 y la pulseada por el equilibrio fiscal con los gobernadores

En paralelo a la reforma electoral, el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 constituye el segundo gran frente de batalla política para el oficialismo en su intento de asegurar las herramientas de gobernabilidad para el próximo ejercicio. La Casa Rosada persigue la meta de aprobar la planificación pormenorizada de los recursos y gastos estatales, pero tropieza una y otra vez con diferencias insalvazadas con los bloques dialoguistas y los mandatarios provinciales en torno a la distribución de las partidas sectoriales y los fondos coparticipables reclamados por las provincias.

Tal como se ha venido señalando en sucesivos informes, el debate presupuestario acumuló objeciones y reparos por parte de los habituales aliados parlamentarios del oficialismo, quienes exigen modificaciones sustanciales en el articulado antes de prestar su acompañamiento formal. Mientras el ministro de Economía y el equipo de la Casa Rosada sostienen como dogma inquebrantable el mantenimiento absoluto del déficit cero y el equilibrio fiscal, los gobernadores y legisladores territoriales presionan para reasignar fondos destinados a sostener el financiamiento de las universidades nacionales, las pensiones por discapacidad, los subsidios al transporte público y los programas de asistencia social.

Este intrincado escenario deberá resolverse en un calendario excesivamente comprimido. Si el proyecto presupuestario no logra dictamen y tratamiento definitivo durante el mes de noviembre, las sesiones extraordinarias proyectadas para diciembre se convertirán en la única pasarela disponible para evitar una prórroga presupuestaria que el Gobierno quiere eludir a toda costa.

Una extensa agenda de proyectos pendientes y las disidencias internas en el bloque oficialista

Además del Presupuesto y la reforma electoral, el Ejecutivo baraja la posibilidad de incorporar al temario de extraordinarias un abultado lote de iniciativas legislativas que continúan estancadas en distintas comisiones del Congreso. Entre las normas de mayor peso figura el denominado «Súper RIGI», un régimen de incentivos que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados a mediados de junio, pero que naufraga en el Senado debido a la resistencia de los legisladores aliados, quienes reclaman modificaciones para garantizar una participación efectiva de los proveedores y pymes locales en los grandes proyectos de inversión extranjera.

En la misma situación de impasse se encuentra la denominada «Ley Hojarasca», aprobada por los diputados en mayo pero carente del consenso político necesario en la Cámara alta, al igual que el proyecto de modificación de la Ley de Biocombustibles, que cosechó severos cuestionamientos de los bloques regionales por el impacto que podría tener sobre la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas del sector. A esta lista se suman iniciativas como el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes, la creación de un Mercado de Carbono y la reforma de la Ley de Salud Mental, la cual espera turno en la Cámara baja tras haber sido sancionada por el Senado a finales de octubre. Por el momento, ninguna de estas leyes secundarias tiene garantizada su inclusión en el decreto de extraordinarias, sin descartarse en los mentideros políticos una segunda convocatoria a sesiones extraordinarias durante los meses de enero o febrero de 2027.

Para agravar el panorama del oficialismo, las fisuras y discrepancias no solo provienen de la oposición o de los aliados circunstanciales, sino que también se manifiestan en el propio seno de La Libertad Avanza. Un claro ejemplo es la postura adoptada por la senadora y jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quien ha mantenido firmes reservas respecto a la conveniencia política y operativa de suspender las PASO, sumando un obstáculo adicional a las gestiones coordinadas desde la mesa política de la Casa Rosada.

Mientras el oficialismo apura los tiempos parlamentarios para intentar conseguir dictamen sobre la reforma electoral durante la próxima semana y habilitar una votación en el recinto antes del cierre de noviembre, el calendario institucional contempla también la visita del jefe de Gabinete, Diego Santilli, prevista para el miércoles 25 de noviembre, ocasión en la cual deberá brindar su informe semestral de gestión ante el pleno del Senado. Las próximas semanas definirán con precisión milimétrica qué volumen de la agenda legislativa logra imponer la administración libertaria durante el período ordinario y qué proporción quedará irremediablemente sujeta a la negociación extrema del mes de diciembre.