En un fallo de significativa relevancia institucional y en la lucha contra la narcocriminalidad organizada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó formalmente firme la condena a seis años de cumplimiento efectivo de prisión dictada contra un efectivo de la Gendarmería Nacional Argentina que utilizaba su cargo y sus funciones oficiales para integrar una banda narcocriminal y alertar a sus miembros sobre la ubicación de los operativos y controles de ruta, garantizando de este modo el traslado seguro de grandes cargamentos de estupefacientes.

La decisión definitiva recayó sobre el gendarme Lucas Alejandro Llopiz, quien fue hallado penalmente responsable del delito de confabulación para el tráfico de estupefacientes en calidad de autor. El fallo del máximo tribunal se concretó luego de que los magistrados desestimaran por diversos incumplimientos formales la queja interpuesta por la defensa técnica del condenado, cerrando de este modo las instancias ordinarias y extraordinarias de revisión judicial. La resolución contó con las firmas de los ministros de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes ratificaron el criterio sostenido por las instancias inferiores.

La operatoria de la banda, el rol del gendarme infiel y el secuestro récord de marihuana

De acuerdo con los sólidos elementos probatorios reunidos a lo largo de la instrucción judicial, los hechos ilícitos se registraron mientras el gendarme Lucas Alejandro Llopiz prestaba servicios operativos en la Sección Antidrogas «Ituzaingó» de la Gendarmería Nacional. Desde esa posición estratégica, el uniformado llevó adelante estrechas tratativas y comunicaciones clandestinas con José Alberto Laurencio, señalado por los investigadores como uno de los cabecillas y principales responsables de la organización narcocriminal.

El expediente penal constató que Llopiz abusaba de su condición institucional para suministrar información clasificada y sensible a la banda, detallando los movimientos, las características y las patentes de los vehículos oficiales utilizados por las fuerzas de seguridad para efectuar tareas de investigación e inteligencia, además de brindar otro tipo de colaboraciones logísticas destinadas a blindar las maniobras de traslado de drogas y evitar que los camiones y autos de la organización fueran interceptados en los puestos de control vial.

La compleja investigación federal que permitió desbaratar a la estructura narcocriminal se originó en marzo de 2017, a partir de los datos fundamentales aportados por un testigo de identidad reservada. Dicha información permitió esclarecer un gigantesco procedimiento concretado por personal de la Sección «Núcleo» del Escuadrón 57 «Santo Tomé» de la Gendarmería Nacional en el histórico puesto de control fijo denominado «Paraje Cuay Grande», emplazado estratégicamente sobre el kilómetro 669 de la Ruta Nacional 14, en jurisdicción de la ciudad correntina de Santo Tomé.

En aquella oportunidad, al interceptar la marcha de un camión Scania equipado con semirremolque, los efectivos federales descubrieron y secuestraron un cargamento histórico compuesto por 4.631 paquetes compactos de marihuana, que arrojaron un peso total imponente de 3.985,355 kilogramos de estupefacientes listos para su distribución minorista.

La ruta internacional del narcotráfico y las sucesivas condenas judiciales

La pesquisa permitió reconstruir la ruta logística utilizada por la organización transnacional para introducir la droga al país. Según se acreditó en la causa, los cargamentos de marihuana ingresaban clandestinamente a la República Argentina provenientes de la República del Paraguay, cruzando el río Paraná a través de zonas ribereñas descampadas ubicadas a la altura de la localidad misionera de Cerro Corá. Una vez en territorio nacional, los estupefacientes eran acopiados provisoriamente en distintos galpones y depósitos clandestinos situados en la ciudad de Posadas.

Posteriormente, la droga era acondicionada y cargada en diversos vehículos para ser movilizada por vía terrestre hacia los centros de consumo y comercialización. Los principales destinos de los cargamentos eran la localidad santafesina de Roldán, la ciudad entrerriana de Gualeguaychú y los centros de distribución en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para burlar los controles policiales y camuflar la actividad ilícita, la banda criminal utilizaba una sofisticada logística que incluía automóviles que oficiaban de «punteros» o custodias adelantadas, vehículos sanitarios falsificados y camuflajes con cargas de mercadería totalmente lícita para disimular el transporte de los estupefacientes.

Tras el avance de las pesquisas y la recolección de pruebas balísticas, documentales y digitales, el proceso judicial llegó a su instancia de debate oral en agosto de 2023, fecha en la cual el Tribunal Oral Federal de Corrientes dictó la sentencia condenatoria contra Lucas Alejandro Llopiz. Posteriormente, en mayo de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el temperamento punitivo al rechazar por mayoría el recurso interpuesto por la defensa, situación que quedó definitivamente sellada con el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.