El gobierno nacional encabezado por el presidente Javier Milei dio un nuevo y polémico paso en su agresiva política de desmantelamiento de la obra pública y transferencia de infraestructura estratégica al sector privado, al incorporar formalmente seis corredores viales fundamentales que atraviesan la provincia de Buenos Aires al sistema federal de concesiones. La resolución oficial abre de par en par la puerta para que empresas privadas asuman la administración, el mantenimiento y la explotación comercial de rutas nacionales neurálgicas para la producción y el transporte, a cambio de habilitar el cobro directo de peajes a todos los usuarios que circulen por ellas.

La decisión fue formalizada por el Poder Ejecutivo a través de un decreto presidencial que amplía significativamente el proceso de privatización vial iniciado durante el año pasado, un esquema que ya abarca miles de kilómetros en distintos puntos del territorio nacional. En lo que respecta específicamente al territorio bonaerense, la iniciativa impacta de lleno sobre arterias vitales para la región de Bahía Blanca y el interior provincial, involucrando tramos estratégicos de las rutas nacionales 3, 22, 33, 35 y 228, a las que se suma además el acceso A0017.

Si bien la incorporación de estos seis corredores viales al régimen de concesiones privadas ya quedó oficializada en los papeles, desde el ámbito gubernamental reconocieron que todavía resta definir con precisión técnica qué segmentos específicos de cada traza pasarán definitivamente a manos de operadores privados. A partir de esta instancia, el Ministerio de Economía de la Nación tendrá bajo su órbita exclusiva el diseño de los pliegos licitatorios, el establecimiento de las condiciones contractuales y la posterior selección de las firmas empresarias que finalmente se queden con el negocio y la explotación de cada corredor vial.

Qué cambia para los usuarios: peajes sin tarifas definidas y obras bajo interrogante

De acuerdo con los lineamientos generales divulgados por la administración libertaria, el esquema de concesión prevé que las futuras empresas adjudicatarias se encarguen de ejecutar tareas de conservación rutinaria, reparación de calzadas y eventuales obras de mejora en la infraestructura existente. Para financiar dichas intervenciones y garantizar su rentabilidad comercial, las compañías privadas quedarán habilitadas a percibir ingresos directos mediante la instalación y operación de sistemas de peaje contemplados dentro de los futuros contratos de concesión.

Desde los despachos de la Casa Rosada intentan justificar la avanzada privatizadora sosteniendo el argumento discursivo de que este modelo permitirá mejorar las condiciones generales de circulación, elevar los estándares de seguridad vial y reducir los costos logísticos sin necesidad de incrementar el gasto público estatal. Sin embargo, la medida despierta fuertes críticas y profunda incertidumbre debido a que aún no se conocen aspectos centrales y sensibles para el bolsillo ciudadano, tales como los montos que tendrán las tarifas de los peajes, la ubicación exacta de las nuevas estaciones o cabinas de cobro, ni el detalle pormenorizado de las obligaciones de inversión real que deberán cumplir las empresas adjudicatarias.

Un plan de alcance nacional con fuerte impacto en el entramado productivo bonaerense

Esta nueva disposición profundiza una estrategia económica que el gobierno de Javier Milei presenta como su única alternativa frente a la parálisis total de la inversión pública nacional —una situación de abandono que en la provincia de Buenos Aires viene siendo suplida con esfuerzo propio por la gestión del gobernador Axel Kicillof y por intendentes como Federico Susbielles en Bahía Blanca, quienes debieron hacerse cargo de obras viales clave como el Paso Urbano ante la deserción del Estado nacional—.

En la provincia de Buenos Aires, jurisdicción por donde circula una porción mayoritaria y determinante del transporte de cargas agropecuarias, industriales y de pasajeros de toda la República Argentina, la decisión tendrá un impacto directo e inmediato sobre algunos de los principales corredores productivos y logísticos del país. Mientras avanza el trámite administrativo en los despachos oficiales, persisten serios y fundados interrogantes entre transportistas, productores y vecinos sobre el alcance real de las obras prometidas y el elevado costo económico que deberán afrontar los usuarios cotidianos para transitar por las rutas incluidas en este nuevo esquema de privatización.