Una reforma estructural de la Policía Federal Argentina (PFA) genera controversia al habilitar a la fuerza a patrullar redes sociales sin orden judicial y realizar detenciones preventivas, mientras busca modernizar su enfoque hacia delitos complejos, inspirándose en modelos como el FBI.

Buenos Aires, 17 de junio de 2025 – El Gobierno argentino ha impulsado una profunda reforma en el ámbito de la seguridad, que redefine el accionar de la Policía Federal Argentina (PFA) y le otorga facultades inéditas, generando un intenso debate sobre los límites de la intervención estatal y la protección de los derechos individuales. Si bien la reforma busca modernizar la fuerza y orientarla hacia la investigación de delitos complejos, inspirándose en modelos de renombre internacional como el FBI estadounidense, las nuevas prerrogativas concedidas a la PFA han desatado una ola de críticas y preocupaciones por posibles vulneraciones a las garantías constitucionales.

La medida más resonante y que ya genera polémica es la que habilita a la PFA a realizar tareas de «prevención del delito» en espacios digitales públicos, como redes sociales abiertas y sitios web, sin necesidad de contar con una autorización judicial previa. Esto implica que la fuerza podrá monitorear e investigar actividades en plataformas digitales sin un aval judicial inicial, generando interrogantes sobre la privacidad de los usuarios y el alcance de esta nueva capacidad de vigilancia. Sectores de la sociedad civil y especialistas en derechos humanos han expresado su inquietud ante la posibilidad de que esta facultad pueda derivar en una vigilancia masiva o en la criminalización de la expresión en línea.

Otra facultad que levanta ampollas es la que permite a la PFA realizar detenciones de personas por un período de hasta 10 horas. Esta medida se aplicaría en aquellos casos en que los individuos no puedan acreditar su identidad y existan «circunstancias debidamente fundadas» que lleven a presumir que han cometido o podrían cometer un delito. Si bien el objetivo declarado es la prevención y la identificación de posibles infractores, la falta de una orden judicial para estas detenciones preventivas ha sido señalada como un riesgo para la libertad individual y un posible caldo de cultivo para prácticas arbitrarias. La ambigüedad de lo que se considera «circunstancias debidamente fundadas» también es un punto de preocupación.

En contraste con estas controvertidas medidas, la reforma también contempla la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI). Este nuevo organismo, que emula la estructura y el enfoque de entidades como el FBI en Estados Unidos y la Policía Federal de Brasil, tendrá como misión principal concentrarse en la investigación de delitos complejos. La idea es que el DFI se especialice en combatir flagelos como el narcotráfico, la trata de personas, el crimen organizado y las redes criminales urbanas. Esta especialización busca dotar a la PFA de herramientas y recursos más sofisticados para enfrentar crímenes que requieren un abordaje investigativo profundo y coordinado, dejando las tareas de prevención y patrullaje de menor complejidad a otras fuerzas.

Desde el Gobierno, se argumenta que estas reformas son necesarias para adaptar la PFA a los desafíos del siglo XXI y para dotar a las fuerzas de seguridad de instrumentos más ágiles y efectivos en la lucha contra el crimen. Se enfatiza la necesidad de modernizar la inteligencia criminal y la capacidad de respuesta ante amenazas emergentes, especialmente aquellas que se gestan en el entorno digital. Sin embargo, los críticos advierten sobre la importancia de encontrar un equilibrio entre la seguridad y la protección de las libertades individuales, subrayando que cualquier ampliación de facultades policiales debe ir acompañada de mecanismos robustos de control y supervisión judicial para evitar abusos y garantizar el debido proceso. El debate sobre el alcance de estas reformas y sus implicaciones para la sociedad argentina apenas comienza.